Por Miguel Jorquera
La noticia estremeció a La Rioja y corrió por cuenta de la ex familia de Carlos Menem: los Yoma abandonarán la curtiembre familiar y dejarán que la Justicia maneje la convocatoria de acreedores porque no pueden hacer frente a la deuda de 120 millones de dólares que contrajeron con la banca oficial –Nación, Bapro y Ciudad– durante el gobierno menemista. Así se lo informó el gerente de la compañía a Angel Maza, cuando el gobernador riojano pretendía hablar con los trabajadores de la Curtiembre Yoma en su visita a Nonogasta. La conducción nacional del gremio (Fatica) ya había denunciado que la empresa sólo tiene insumos para un mes y medio de producción y alertó sobre la posible pérdida de 1500 puestos de trabajo. Maza llegará el lunes a Buenos Aires para entrevistarse con las autoridades nacionales y del Banco Nación –principal acreedor de los Yoma– en busca de una solución al conflicto.
“Indignación y gran preocupación”, dijo sentir Maza cuando los periodistas lo consultaron por la noticia que acababa de recibir. Pero el gobernador riojano también dejo entrever que el anuncio del posible cierre de la curtiembre Yoma tiene intencionalidades políticas: “Tengo un montón de sensaciones en la intimidad, pero no las quiero transmitir porque la situación de los trabajadores exige que seamos todos muy serios”. No era para menos: Maza –un ultramenemista ahora convertido al kirchnerismo– recibió la noticia de boca del gerente contable de la curtiembre, Roberto Perino, después de instalarse con todo su gabinete en el departamento de Chilecito –del que depende Nonogasta–, en medio de la campaña electoral.
La compleja situación financiera de la curtiembre tampoco era un secreto en La Rioja. La Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero (Fatica) denunció pocos días atrás que la curtiembre tenía insumos para menos de dos meses de producción y anunció su “estado de alerta y movilización” ante el peligro que corrían los 1500 puestos de trabajo. Incluso, negociaron con la compañía la suspensión rotativa del personal y el cobro de una parte proporcional de las jornadas caídas para evitar las suspensiones masivas.
“Veíamos una especie de vaciamiento: cerraron la compra de cuero, cancelaron contratos, dejaron parado parte del proceso productivo y tenían un stock operativo para apenas un mes y medio de trabajo. Era como que (los Yoma) abandonaban el barco”, dijo a Página/12 el secretario adjunto de Fatica, Juan Carrazana. Sin embargo, la actividad gremial estaba vedada para los trabajadores de la curtiembre y el sindicato sólo logró afiliar a los trabajadores a la obra social después de arribar a acuerdos políticos entre el gobierno menemista y algunos popes de la CGT.
La curtiembre adeuda unos 120 millones de dólares sólo a la banca oficial: 76,8 millones de dólares al Banco Nación, 20,5 millones al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 19,4 millones al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que la administración duhaldista incluyó en un fideicomiso de más de 1500 millones de dólares de sus deudores morosos.
Las negociaciones entre los Yoma y el Nación, su principal acreedor, no prosperaron. La curtiembre pretendía lograr una financiación a largo plazo y con escasos intereses para una compañía califica por el Banco Central en la categoría cinco, la anterior a incobrable. Los Yoma ya no contaban con los favores políticos que convirtieron a la empresa familiar en la más importante –por su nivel de exportación y ocupacional– del país en su rubro. Además reclamaban el reembolso del IVA a las exportaciones que la AFIP le negó por encontrarse bajo el régimen de promoción industrial.
Fuentes de la gobernación riojana adelantaron a Página/12 que Maza llegará el lunes a Buenos Aires, acompañado del vicegobernador y el intendente de Chilecito, para iniciar conversaciones con autoridades nacionales que arriben a una solución para el conflicto que amenaza con el cierre de la principal empresa privada de la provincia y dejar en la calle a 1500 trabajadores, a días de las elecciones. Maza ya habría acordado reunionescon el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli.
Ya se agotó el crédito fácil
Deben 120 millones de dólares a los bancos Nación, Bapro y Ciudad. La Justicia manejará la convocatoria de acreedores. Historia de una empresa que hizo negociados con el Estado