Ese parece ser el corolario de las últimas elecciones, a juzgar por el tendal de cuentas en rojo que dejaron los partidos que obtuvieron los primeros lugares en los comicios del 23 de octubre pasado.
En la provincia de Buenos Aires, la columna del «debe» es la más abultada. El Frente para la Victoria (FV), que ganó las elecciones con la lista encabezada por Cristina Kirchner, declaró el mayor saldo negativo: 883.542 pesos. Buena parte de esa deuda fue contraída con empresas de publicidad y comunicación que habitualmente el Estado contrata para la asignación de la propaganda oficial (ver aparte).
El segundo lugar en los comicios fue para el Frente Justicialista, que encolumnó detrás de Hilda Duhalde al PJ bonaerense no kirchnerista y a Paufe, el partido de Luis Patti, entre otras fuerzas. Aunque el PJ declaró una sola deuda de 15.000 pesos (con Naya Comunicaciones), sus socios de Paufe deben 500.000 pesos, pero extrañamente el mayor acreedor es el propio Paufe, según sus balances.
Siguiendo con la relación directamente proporcional entre deuda y resultado electoral, ARI, que salió tercero en la provincia de Buenos Aires, es también el tercero en monto adeudado. Debe 445.000 pesos, en su mayoría a bancos que les dieron créditos personales a sus candidatos.
En la Capital Federal, el partido triunfador es la excepción que confirma la regla. Mauricio Macri (cabeza de la lista de Pro) no declaró deudas, pero sí sus competidores Elisa Carrió (ARI) y Rafael Bielsa (FV).
En este caso, los candidatos de ARI (que salió segundo en las elecciones) se endeudaron con los bancos, esta vez por 210.950 pesos, mientras que el kirchnerismo (que se quedó con el tercer puesto) debe a sus proveedores más del doble: 444.794 pesos.
Todos estos datos se desprenden del monitoreo que acaba de terminar la Fundación Poder Ciudadano, que analiza los balances de campaña que los partidos políticos presentaron ante la justicia electoral en cada uno de los distritos donde compitieron, para cumplir con lo que establece la ley 25.600 de financiamiento de partidos.
Por esa norma aprobada en 2002, los partidos están obligados a presentar una estimación de gastos de campaña 10 días antes de las elecciones -denominado «informe previo» de gastos- y un «informe final», dos meses después de la votación.
De la comparación de los dos informes surge que varios partidos habían calculado ingresos y gastos mucho mayores a los que terminaron declarando en su balance final.
El caso más llamativo es el del Frente para la Victoria bonaerense, que sobrestimó sus ingresos un 168 por ciento (calculó que obtendría 2.825.258 pesos más de lo que finalmente dijo que recaudó) y falló en la previsión de sus gastos en un 76 por ciento. También la alianza Pro porteña había estimado que percibiría casi medio millón de pesos más de lo que declaró. En cambio, asombra la precisión matemática del PJ bonaerense: había previsto exactamente los mismos ingresos y egresos que consignó el informe final, con «cero centavos» de diferencia…
Ocultos
En su análisis -que se centró en los partidos que sacaron los primeros lugares en la Capital y la provincia de Buenos Aires-, Poder Ciudadano criticó el endeudamiento con proveedores del Estado, señaló datos faltantes en varias presentaciones y advirtió sobre una «política de ocultamiento de donantes» antes de los comicios: casi todas las donaciones privadas (excepto las que recibió el kirchnerismo) aparecen registradas apenas en la última semana de la campaña.
Aunque parezca paradójico, justamente por revelar esta cosas el balance de la segunda aplicación de la ley de financiamiento de partidos (que se estrenó en las elecciones de 2003) es muy positivo. «Pudimos ver los balances, que antes eran inexistentes, y los partidos cumplieron con la ley, aunque queda pendiente cómo mejorar el control, que cuenta con recursos humanos y materiales muy escasos», dijo Laura Alonso, responsable del informe de Poder Ciudadano.
Antes de 2003, los partidos no estaban obligados a dar detalles de sus cuentas de campaña. Por eso, las millonarias finanzas electorales podían ser una verdadera caja negra.
Para la especialista en partidos políticos de la Universidad Torcuato Di Tella, Ana María Mustapic, «es bueno que estas cosas salgan a la luz». Y coincidió con el reclamo de más recursos para el control.
Por Laura Capriata
De la Redacción de LA NACION
