La propuesta de presupuesto para el año que viene “mantiene y amplía las reducciones presupuestarias observadas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género, la prevención de la violencia de género, así como un retroceso en la transparencia presupuestaria”, aseguró la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su último informe. En detalle, advirtieron reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas y la eliminación completa de partidas presupuestarias.
Cada año, el Ejecutivo somete al Congreso el proyecto de presupuesto del año siguiente para su debate y aprobación con el objetivo de aportar elementos claves para el debate (público y en el recinto). En su informe, ACIJ analizó la propuesta presentada el 15 de septiembre de 2024 centrándose en las partidas presupuestarias destinadas a la reducción de las brechas de género, así como a la prevención y asistencia frente a la violencia de género.
«Hay una distribución injusta en el ajuste presupuestario, que es un punto central del debate público y la política económica actual. Este ajuste no impacta de la misma manera en todos los sectores. Observamos que las mujeres, niños y adolescentes son quienes más sufren estas reducciones. No lo decimos sin fundamento: mientras algunos programas experimentan recortes significativos y retrocesos, existen otros gastos que no se cuestionan ni se modifican», afirmó Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ, en comunicación con El Auditor.info.
Programa Acompañar
El Programa Acompañar, de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia de género, no figura en el Proyecto de Presupuesto 2025.
“Hay una distribución injusta en el ajuste presupuestario, las mujeres, niños y adolescentes son quienes más sufren estas reducciones”, afirmó Malena Vivanco, economista de ACIJ.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advirtió sobre “dos posibles escenarios preocupantes debido a esta ausencia”. Señaló que, en el mejor de los casos, podría representar un retroceso en la transparencia de la información, ya que, aunque el programa continuara, carecería de una línea presupuestaria específica, como hasta ahora. Esto complicaría el análisis de los recursos previstos para 2025 y dificultaría el seguimiento adecuado de su ejecución durante el año, completó el informe de la ONG.
Un segundo escenario supone la posible eliminación del programa, algo que el Gobierno no anunció hasta el momento. De confirmarse, esto implicaría un “retroceso significativo en la asistencia económica a mujeres en situación de violencia» y una violación al deber del Estado de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia, plasmado en los compromisos internacionales y nacionales asumidos por el Estado.
Puesto en cifras, ACIJ presentó que, en el primer semestre de 2024, la ejecución presupuestaria real mostró una caída interanual del 82% comparada con el mismo periodo de 2023. Además, el número de personas asistidas se redujo drásticamente: de 34.023 en el primer trimestre de 2023 a 434 en el mismo periodo de 2024, lo que representa una disminución del 98,72%.
En el documento, se expuso que el presupuesto mantiene la exención del impuesto a las ganancias para magistrados y funcionarios de los poderes judiciales, tanto nacionales como provinciales. “En 2023, el Estado dejó de recaudar $285.728 millones por esta exención, una cifra que equivale a 4,2 veces el costo del programa Acompañar, que fue de $67.755 millones”, se detalló en el texto.
“En 2023, el Estado dejó de recaudar $285.728 millones por esta exención, una cifra que equivale a 4,2 veces el costo del programa Acompañar, que fue de $67.755 millones”, según el documento de ACIJ.
Sin partida identificada para la Línea 144
La Línea 144, que ofrece asistencia y asesoramiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de violencia de género, ya no contará con una partida presupuestaria específica en el presupuesto 2025, como sí la tenía hasta ahora.
Aunque se menciona dentro de las políticas del Ministerio de Justicia, la ausencia de una asignación presupuestaria clara representa un “retroceso en términos de transparencia, dificultando el análisis de los recursos destinados a esta línea y el monitoreo de su ejecución”.
«Si el presupuesto se aprueba en su forma actual, no podremos identificar cómo se está ejecutando esa política”, aseguró la economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ.
Desfinanciación de la ESI
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral establece que los y las estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
El presupuesto vigente de 2024 es el más bajo de los últimos siete años y sería la primera vez que el Presupuesto Nacional no contempla una partida destinada a su fortalecimiento desde que se sancionó la Ley el 4 de octubre de 2006.
“La desfinanciación de este programa puede resultar contraproducente para una perspectiva preocupada por reducir el gasto público ya que ayuda a prevenir situaciones que, si no se abordan, podrían generar costos mayores para el Estado en el futuro”, remarcó el texto de ACIJ.
Desinversión en Salud Sexual y Reproductiva
En 2024, el presupuesto para el Programa “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” experimentó una disminución del 64% en términos reales respecto a 2023 y del 72% frente a 2021, año con mayor asignación de recursos. Este programa incluye el Plan ENIA, orientado a prevenir el embarazo adolescente no intencional.
El presupuesto proyectado para 2025 muestra un leve aumento del 3,34% en relación al de 2024, pero aún representa una caída del 62,02% respecto a 2023 y del 74,6% frente a 2021.
En el caso específico del Plan ENIA, el proyecto para 2025 profundiza la reducción, con una baja real del 27% en comparación con 2024 y del 78% frente a 2023.
En cuanto a las metas del programa, se proyecta una disminución del 46% en la adquisición de métodos anticonceptivos, pasando de 79.490 a 43.000, y una reducción del 59% en la distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo, de 171.061 a 70.000.
Reducción en infraestructura y espacios de cuidado
La partida destinada al Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles se reduciría un 30,28% en 2025, en comparación con el presupuesto vigente 2024. Al comparar el proyecto con el presupuesto ejecutado en 2023 y en 2021 -pico de la inversión en la última década-, la caída ascendería al 68,62% y 85% respectivamente.
“Cuando el Estado se retira de estos proyectos, como la provisión de jardines, escuelas o salud pública, esas responsabilidades se trasladan a los hogares, donde recaen sobre mujeres y niñas, lo que reproduce la desigualdad de género”, enfatizó Vivanco.
«Desde la economía feminista, defendemos que estas partidas son fundamentales para erradicar la desigualdad de género, ya que contribuyen a una distribución más equitativa de las tareas de cuidado. En nuestra sociedad, estas tareas recaen principalmente sobre los hogares, y dentro de ellos, sobre las mujeres y niñas. Cuando el Estado se retira de estos proyectos, como la provisión de jardines, escuelas o salud pública, esas responsabilidades se trasladan a los hogares, donde recaen sobre mujeres y niñas, lo que reproduce la desigualdad de género. Esto limita su posibilidad de formarse, trabajar en el mercado laboral remunerado y salir de situaciones de desigualdad”, manifestó Malena Vivanco.
¿Qué dijo la AGN sobre los programas de género?
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre las acciones dirigidas a la prevención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia de género durante el periodo 2019-2021 tomando como base el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019), y el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022), realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
En términos generales, el informe destacó que el país cuenta con “un marco normativo sólido” referido al abordaje, prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, y se observó que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019 marcó “un salto en la importancia» asignada por el Estado Nacional a la reducción de las brechas de género estructurales.
En particular, sobre la Línea 144 el informe indicó que el tipo de violencia más reportado fue la violencia psicológica (95%) seguido por violencia física, económica y patrimonial, simbólica y sexual. De las personas destinatarias del programa ACOMPAÑAR, un 32% se encontraba en un nivel de riesgo altísimo (riesgo de vida inminente), mientras que un 37% contaba con medidas de protección. Las más frecuentes fueron prohibición de acercamiento/restricción (60%), exclusión del agresor de la residencia común (33%) y botón antipánico (15%). En el 21% de los casos, la persona agresora tenía antecedentes de violación de medidas de restricción y en un 15% la persona agresora contaba con acceso a armas de fuego.
Si sos víctima de violencia
Si sufrís violencia de género podés llamar a la Línea 144 los 365 días del año, las 24 horas. El llamado es sin costo y anónimo. Si te encontrás en una emergencia podés llamar al 911 o acercarte a un hospital o centro de salud. Para denunciar también podés hacerlo en la Oficina de Violencia Doméstica o en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
En la Ciudad de Buenos Aires, podés denunciar en la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el Centro de Justicia de la Mujer dependiente del Consejo de la Magistratura y las fiscalías de género.
