La declaración llega un día después de que una ONG y fiscales federales solicitaran a la justicia argentina que ordenara el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad.
El Ministerio Público de Venezuela «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos: Javier Milei, presidente de Argentina; Karina Milei, secretaria general de la presidencia argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad argentina», expresó Saab en una rueda de prensa.
Saab dijo que imputará los delitos «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».
La aeronave -retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno de Alberto Fernández- fue vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air.
Se trata del avión secuestrado por las autoridades argentinas cuando llegó de México con un cargamento de piezas automotrices. Los tripulantes -14 venezolanos y cinco iraníes- fueron detenidos y posteriormente liberados. Un juez autorizó el decomiso del avión por parte de Estados Unidos, que se concretó en febrero durante la administración de Milei entre denuncias de «robo» desde Caracas.
Venezuela y Argentina mantienen un pico de tensión diplomática, con fuertes contrapuntos entre Maduro y Milei.
Saab anunció igualmente la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno libertario, que calificó de «genocidio».
«Hemos decidido designar un fiscal especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich, señaló.
«Deberán responder ante la justicia», añadió Saab. «Un Estado puede ejercer la jurisdicción universal».
Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, impulsada tras excesos en las manifestaciones opositoras de 2017, que dejaron más de un centenar de muertos. El gobierno de Maduro rechaza ese proceso.
A comienzos de septiembre, el Gobierno presentó ante la Corte Penal Internacional la solicitud de detención de Maduro y de otros líderes que conforman la cúpula chavista.
La petición fue ratificada el viernes 6 de septiembre por la Cancillería argentina, con foco en las irregularidades de los comicios del 28 de julio y «la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad».
En varias de sus intervenciones públicas, Milei cuestionó la presunta ‘pasividad’ de la comunidad internacional ante la crisis política en Venezuela, y también tuvo reiterados exabruptos hacia el mandatario chavista.
Las acusaciones de fraude electoral tuvieron eco en varios países y organizaciones de derechos humanos, que repudiaron no solo la amenaza al sistema democrático, sino también la seguidilla posterior de detenciones, denuncias de persecución y violaciones de derechos humanos.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la reelección de Maduro pero se mantuvieron cuidadosos en utilizar el término «presidente electo» para el dirigente opositor Edmundo González Urrutia.
