La jueza de Nueva York, Loretta Preska falló en contra del reclamo argentino de trasladar a Buenos Aires el juicio por la reestatización de YPF en 2012, por lo que la causa, que evalúa un reclamo de 3.000 millones de dólares contra Argentina, se dirimirá en Estados Unidos.
La jueza dictaminó además el próximo 19 de junio como la nueva fecha en la que las partes volverán a reunirse en su tribunal, y donde deberían procurar un acuerdo sobre la forma de liquidar el dinero. En octubre de 2016 la magistrada ya había fallado a favor de los demandantes, sentencia que quedó firme en las dos apelaciones que en su momento hizo el gobierno de Mauricio Macri.
Esta controvertida causa tiene más de siete años de curso, y es quizás una de las pocas que siguió su curso tras el acuerdo alcanzado con los “fondos buitre” durante la administración de Mauricio Macri. Desde el comienzo de la denuncia, ha sido motivo de controversia política la responsabilidad en el proceso de expropiación de YPF de manos de Repsol, quedando en el centro de la polémica el actual gobernador Axel Kicillof, por entonces viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y luego director de la compañía.
Pero, ¿qué ocurrió para llegar a esta situación y quién fue el responsable de la operación?
La causa y sus alcances
La causa es llevada adelante por el fondo Burford Capital por la estatización de YPF y la posterior quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. El proceso se sustancia en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo las órdenes de Loretta Preska, la jueza que reemplazó a Thomas Griesa, conocido en nuestro país por llevar adelante el reclamo de los denominados “fondos buitre” contra la Argentina.
Burford es lo que se denomina un hedge fund o fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores. En otras palabras, funciona a nivel judicial del mismo modo que los llamados “fondos buitre” lo hacen con la compra de títulos de deuda de alto riesgo.
Concretamente, este fondo compró el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones en 2008 y 2011.
Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales, y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. En su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, la Argentina considera “fraudulenta” esta operación, por lo que alega que no debería continuarse con el litigio.
El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.
La quiebra de las dos compañías del Grupo Petersen recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.
La demanda principal del hedge fund se sostiene en que según el Artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía (los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Kicillof, y ministro de Planificación Federal, Julio de Vido), el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó en que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
Burford Capital utiliza como argumento la intervención de Kicillof ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, y Minería, Energía y Combustibles del Senado, el 17 de abril de 2012, cuando se debatía la expropiación de YPF.
Entonces, Kicillof, que se desempeñaba como viceministro de Economía, se refirió al artículo 7° del estatuto de la compañía, al señalar que “en ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado… Porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
La defensa argentina
La estrategia de defensa de la Argentina, iniciada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sostenida luego por Mauricio Macri, se basa en sostener que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue “fraudulenta”; y la jurisdicción donde deben zanjarse este tipo de conflictos es la argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF.
En otro punto fuerte de la defensa, la Argentina alega que el juicio debe sustanciarse en el país porque “las reclamaciones y las defensas afirmativas presentadas en este documento también se basan abrumadoramente en conductas y acciones que tuvieron lugar en la Argentina y requieren la evaluación de las leyes argentinas y las acciones del gobierno argentino. (DIB)
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