Preska tomó las causas relacionadas con la Argentina que tenía el fallecido Juez Thomas Griesa, cuando este se jubiló debido a problemas de salud en junio de 2016.
El vínculo de Griesa con la Argentina por el tema de la deuda en default tuvo su puntapié inicial en 2002 con el juicio iniciado por los fondos Old Castle y Lightwater.
La etapa de mayor rispidez entre el magistrado neoyorquino y la administración de Cristina de Kirchner, sin embargo, se desató a fines de 2011, cuando el juez se pronunció a favor de los holdouts bajo el argumento de «pari passu» que obligó al país a pagar una sentencia que otorgaba ganancias de hasta 1.600% para los litigantes.
Tres años después, en 2014, el pronunciamiento de Griesa logró pasar el filtro de la Corte Suprema de Estados Unidos y a causa de esto la deuda argentina se ubicó en «default técnico».
La última etapa del vínculo remite al 22 de abril de 2016, cuando la administración del presidente Mauricio Macri concretó el pago de 9.352 millones de dólares a los holdouts y el juez Griesa dispuso el levantamiento de las cautelares en todas las causas, permitiendo de esta manera la salida del default declarado en 2001 y la libertad para volver a los mercados financieros internacionales sin restricciones.
La decisión argentina
Ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que el Gobierno no mejorará la oferta de canje de deuda que ya presentó, y advirtió que los bonistas reclaman «un mayor ajuste» del gasto pero lo descartó.
«Hay mucha tensión y frustración porque los bonistas apostaron a la Argentina y la economía no anduvo bien y fue un colapso económico. Es normal que haya tensiones y cada uno defiende sus intereses. Nosotros hacemos promesas que se pueden cumplir y por eso es de buena fe», sostuvo el funcionario.
Guzmán, en la TV Pública, agregó: «esta semana vamos a tener el road show con los acreedores, que esta vez será virtual, pero ya entraremos a discutir la propuesta. Lo que buscamos es darle condiciones al país para que, una vez pasado el coronavirus, la propuesta se pueda mantener en el tiempo».
«Esta propuesta que estamos haciendo es una propuesta de buena fe, en el sentido de que es lo que Argentina puede pagar y que se pueda cobrar lo que se puede cobrar«, enfatizó.
Además, el ministro señaló que los acreedores «plantean que el país debiera tener un mayor ajuste, pero eso no es sostenible. En los últimos cuatro años, el gasto público primario se contrajo en 5,6% del PBI y eso no funcionó, terminó en una caída de la demanda. Y a esto se le suma la situación del coronavirus».
Ahora, dijo, «todo está sobre la mesa, el período de gracia, los intereses de los bonos y los vencimientos de los títulos. La Argentina hoy no tiene capacidad de pago, pero hicimos una oferta a los acreedores que la Argentina puede cumplir».
«La oferta tiene el aval del FMI y el staff técnico avaló la propuesta porque había juzgado que estaba en línea con las posibilidades de pago del país», resaltó.
El Gobierno fijó el 8 de mayo como plazo para el cierre de la oferta, pero podría extenderse algunos días, de existir la posibilidad de acordar con los bonistas.
Fuente:ámbito.com
