La justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean. Los escándalos suman, como mínimo, 11.000 millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo –que data de 2001, hace 18 años–, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos. También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos. En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de 5 millones de dólares al hermano presidencial. En el listado aparecen las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de 4 pesos a 75,50 pesos. No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos. Avianca hoy dejó de volar y hay 200 empleados que no cobran hace dos meses. En el paquete irregular entra también lo surgido de Panamá Papers, donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia. Para tapar tantos casos de corrupción y evasión, el presidente contó con el respaldo del aparato de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente el escándalo y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando termine la feria judicial.
Fraude en el Correo
Mauricio Macri, gobierno, y Mauricio Macri, Correo, fueron sorprendidos cuando, estando de los dos lados del mostrador, trataron de cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía de 2002 por cánones que nunca pagó. Lo que deben los Macri, como mínimo, suma unos 4.800 millones de pesos.
La jugarreta -en la que se interpuso la fiscal Gabriela Boquín– motivó una causa penal en la que fueron indagados, por el juez Ariel Lijo, el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, el director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, el presidente del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa, y el tradicional apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher. La indagatoria se concretó en marzo, hace más de cuatro meses, y sin embargo el magistrado todavía no resolvió los procesamientos por la maniobra que incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
En paralelo, respecto de la deuda misma, el Grupo Macri ofreció pagar 296 millones, que es lo que debía en 2002, pero sin tener en cuenta por ahora los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500 millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor.
El Grupo Macri dice que pagaría intereses y actualizaciones si le gana juicios al estado por la estatización del Correo. Se trata de otra maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos juicios los empezó después de 2016, cuando ya negociaban con el actual gobierno.
La Procuración del Tesoro, en manos de un allegado al Grupo, el histórico abogado de los Macri, Bernardo Saravia Frías, tiene que responder sobre la burda oferta del Correo. Pero el caso va de escándalo en escándalo: la quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya lleva 18. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia argentina.
Estafa en el peaje II
Las maniobras con los peajes fueron asombrosas con el increíble aumento de las tarifas y la venta de acciones, pero hay una causa que ahora cobró vuelo. Antes de la feria judicial, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación contra Mauricio Macri por una maniobra previa a la venta de las acciones de Ausol –la que maneja la Panamericana–, empresa en la que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado. El escándalo es de marca mayor, al punto que hasta a un fiscal como Stornelli, tan alineado con el gobierno y con Macri, lo obligó a abrir la causa.
Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y Castagnetto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios.
El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la Panamericana, que era el verdadero objetivo.
El periodista Alejandro Bercovich reveló los datos de un expediente armado por la interventora de Ausol, Laura Andino, antes de la asunción del gobierno de Macri. La conclusión era que la empresa cubría con creces los costos y tenía uno de las rentabilidades más altas del país. De manera que la demanda en el CIADI era una trampa. El objetivo real fue cobrar la reparación de 499 millones de dólares y forzar la renovación.
La causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, tiene una testigo clave: la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll. La letrada estuvo en las primeras reuniones de negociación con Ausol y luego fue despedida de su cargo.
Las maniobras, entonces, estuvieron en el pago de la reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos desmedidos de peajes y en la venta de las acciones. Si se hace un cálculo basado en que el Grupo Macri y el presidente se beneficiaron sólo con el siete por ciento de la maniobra –hay sospechas de que tienen mucha mayor participación–, al final del proceso se quedaron con más de 2300 millones de pesos, limpitos. La denuncia fue presentada por Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara).
Estafa en los molinos
Hace un año y medio, en enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.
La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares.
Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.
A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.
Según parece, las sociedades que compraron y vendieron los parques tienen accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.
Un detalle que agrava todavía más el cuadro, es que una de las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano presidencial Gianfranco una maniobra inexplicable.
Los denunciantes son los diputados Tailhade y Doñate y los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Estafa aérea
La operación de venta de Macair (Macri Air) presenta ilegalidades e irregularidades por donde se la mire. Hay numerosas denuncias que habrá que ver si terminan de arrancar después de la feria. En Comodoro Py dicen que son causas pisadas. Están imputados el propio presidente Mauricio Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.
El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas. Parece cantado que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017.
En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas, al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos denunció la «adjudicación fraudulenta».
Hoy en día la situación es de máxima gravedad. Avian suspendió sus vuelos 90 días, presentó un expediente de crisis y luego la convocatoria de acreedores. Hay 200 empleados que no cobran los sueldos desde hace cuatro meses y, por supuesto, no se hicieron los pagos de las cargas sociales. El rumor es que los que están detrás de Avián, colombianos–brasileños, no le pagaron la totalidad al grupo Macri, el gobierno le soltó la mano y la aerolínea entró en crisis.
Pero lo asombroso de Comodoro Py no es sólo la velocidad con la que avanza en las causas contra el anterior gobierno, sino la habilidad para enterrar causas donde figura el nombre Macri. Sin embargo, esos expedientes podrían revivir cuando ya no exista la cobertura política y mediática que tienen hoy. Hay medios del mundo extrañados con el manejo de causas judiciales de envergadura.
El show de Panamá
Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.
La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella.
El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una evasión impositiva o, mejor dicho, una «omisión maliciosa» que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien –como siempre– se hizo cargo de todo diciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.
La causa está hoy dormida en el fueron Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.
Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas.
Estafa en el peaje
Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares.
Aún así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos.
Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.
Blanqueo
La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.
Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio –mucho más importante que Gianfranco en las empresas– resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.
Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.
Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la neblina.
Soterramiento, negocio y coima
El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.
En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra. Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.
La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge El Corcho Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.
Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias.
