Mediante el asunto N° 391/18, los mopofistas proponen darle fuerza de Ley al Decreto N° 2901/17 del Poder Ejecutivo provincial que establece el régimen de asignaciones familiares para los tres Poderes del Estado; organismos centralizados o descentralizados, sean autárquicos o no; empresas del Estado; empresas con participación estatal mayoritaria o de gestión, con financiamiento público provincial, aún cuando las actividades desarrolladas estuvieran fuera de la Provincia; servicio de cuentas especiales y obras sociales.
Se encuentran también comprendidos en el proyecto, los beneficiarios de jubilaciones y pensiones otorgadas y abonadas con recursos de la Caja de Previsión Social de la Provincia, por aplicación de la Ley provincial Nº 1.070, o por la que en el futuro la sustituya.
Según los fundamentos, “el régimen de asignaciones familiares es una de las instituciones fundamentales de la seguridad social, toda vez que permite otorgar una cobertura real a los trabajadores con mayores obligaciones familiares; garantizando así el postulado del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto establece como uno de los deberes del Estado es otorgar los beneficios de la seguridad social”.
“Mediante esta iniciativa legal, se pretende acordar mayor seguridad jurídica al régimen, a la vez que se actualizan los montos de las asignaciones familiares y se establece un mecanismo de ajuste semestral de los mismos, en función de la variación del índice de inflación que pública el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); de manera que el poder adquisitivo de las mismas no se diluya con el correr del tiempo -como ocurre actualmente-“, sostiene el proyecto.
Por otro lado, por el bloque mopofista, mediante el asunto Nº 390/18 propone rechazar el decreto nacional que elimina el Fondo Federal Solidario (Fondo de la soja). A través del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 756/18, el Poder Ejecutivo nacional dispuso derogar el Decreto N° 206/09, mediante el cual se creara el Fondo Federal Solidario.
El referido Fondo tenía por finalidad «financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales…»; con el treinta por ciento (30%) de las sumas que el Estado Nacional percibiera en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados.
En el articulado del proyecto de resolución, se propone “solicitar a los Diputados Nacionales e instruir a los Senadores Nacionales -conforme art. 105 inciso 6 de la Constitución Provincial- por la Provincia de Tierra del Fuego, a fin de que dentro de sus respectivas competencias y conjuntamente con los restantes Diputados y Senadores Nacionales, arbitren los mecanismos previstos en la Ley 26.122 para declarar la invalidez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 756/18”.
Por último, proponen comunicar al Poder Ejecutivo nacional, a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, al Parlamento Patagónico y al Poder Ejecutivo provincial.
