Tal como se había comprometió el pasado martes 4 con la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego, la Senadora Nacional Magdalena Ordarna del Frente Progresista-CCARI de Río Negro; elevó a la Cámara que integra tres asuntos ligados al reclamo de cumplimiento efectivo de la Ley Nacional N°26.776, que ordena como “Política de Estado” la conexión marítima entre la isla grande de Tierra del Fuego y Santa Cruz, y la extensión de la Ruta Nacional N° 40.
Por un lado le requirió al Poder Ejecutivo Nacional “informe sobre el funcionamiento del FONDO FIDUCIARIO DEL CRUCE MARÍTIMO DEL SUR” -anunciado por cadena nacional el 23 de julio de 2015 por la ex Presidenta Cristina Fernández y ratificado al día siguiente a través del DNU 1423/15- y por otro, solicitó que “a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 26.776. En lo particular, responda: 1- Informe si se han realizado “el estudio de factibilidad, apertura de traza, demás estudios requeridos de la Ruta Nacional Nº 40 y su ejecución en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” (art. 3º). 2- Informe si se han realizado el “estudio de factibilidad, demás estudios requeridos para la conexión marítima y su implementación entre los puntos operativamente más apropiados en orden a la menor distancia posible” (art. 5º)”.
Odarda –Senadora Nación con el más alto ranking de trabajo parlamentario de la Nación tanto por el número de proyecto de leyes como de comunicaciones presentados*- también planteó la creación de “un CONSEJO CONSULTIVO PARLAMENTARIO que acompañe, impulse y potencie el desarrollo de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, LEY NACIONAL N° 26.776, integrado por miembros del Poder Legislativo Nacional, de los gobiernos de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las Universidades Públicas Nacionales, organizaciones sociales, sindicales y políticas de ambos Estados Provinciales”, tal como lo solicitó la Federación a comienzo de mes y por nota, a la Vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, a los 21 bloques del Senado; al Presidente de Diputados Emilio Monzó y a los 39 bloques de la Cámara Baja.
Otra de los pedidos elevados por la Federación al Parlamento, es la previsión de fondos para el ejercicio financiero 2018, para que se lleven adelante los estudios de factibilidad que ordena la Ley 26.776, tanto en materia de conectividad marítima como para la extensión de la traza de la Ruta Nacional N° 40. Tema sobre el cual la Senadora se comprometió a trabajar dentro de la Comisión de Presupuesto.
(*) http://www.parlamentario.com/ranking.php
(S-2572/17)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se cree un CONSEJO CONSULTIVO
PARLAMENTARIO que acompañe, impulse y potencie el desarrollo de
los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, LEY NACIONAL N° 26.776,
integrado por miembros del Poder Legislativo Nacional, de los
gobiernos de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las
Universidades Públicas Nacionales, organizaciones sociales,
sindicales y políticas de ambos Estados Provinciales.
María M. Odarda
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Ley Nº 26.776 definió “como política de Estado la integración física
del territorio continental con su territorio insular de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” (art. 1º). Para ello,
dispuso “la continuación de la Ruta Nacional Nº 40 en el territorio de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” (art.
2º).
En el art. 3º se encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, a realizar “el estudio de factibilidad, apertura
de traza, demás estudios requeridos de la Ruta Nacional Nº 40 y su
ejecución en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. La misma comunicará las ciudades de Río
Grande y Ushuaia”.
En su 4º, la Ley Nº 26.776 estableció “la conexión marítima entre la
provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, a través de buques porta rodantes”. Y,
finalmente, se instruye al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, a realizar “el estudio de factibilidad, demás
estudios requeridos para la conexión marítima y su implementación
entre los puntos operativamente más apropiados en orden a la menor
distancia posible” (art. 5º).
En 2015, el Decreto 1423 creó “el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO
denominado “FONDO FIDUCIARIO DEL CRUCE MARÍTIMO DEL
SUR”, el que se conformará como un fideicomiso de administración y
financiero destinado al financiamiento de las obras necesarias para
establecer la conexión marítima entre la Provincia de SANTA CRUZ y
“2017 – Año de las Energías Renovables”
la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR, en el marco de lo establecido en la Ley N° 26.776,
con los alcances establecidos en el presente decreto y en las normas
complementarias que, en consecuencia, dicte el PODER EJECUTIVO
NACIONAL o, en su caso, la Autoridad de Aplicación” (art. 1º).
Este “FONDO FIDUCIARIO DEL CRUCE MARÍTIMO DEL SUR”
cuenta con un patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos, que
son los siguientes: “a) Los recursos provenientes del TESORO
NACIONAL. b) Letras del Tesoro u otros Instrumentos de Deuda
Pública. c) Los ingresos generados por el financiamiento de otros
instrumentos financieros. d) El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes fideicomitidos. e) Los ingresos
obtenidos por emisión de VALORES FIDUCIARIOS DE DEUDA que
emita el FIDUCIARIO, con el aval del TESORO NACIONAL y en los
términos establecidos en el contrato y/o prospecto respectivo. f) Los
recursos provenientes de financiamiento de los organismos
multilaterales de crédito destinados al mismo objeto del fideicomiso. g)
Otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o
donaciones específicamente destinados al “FONDO FIDUCIARIO DEL
CRUCE MARÍTIMO DEL SUR” (art. 3º).
Asimismo, este Decreto faculta “al órgano responsable de la
coordinación de los sistemas de administración financiera del Sector
Público Nacional a realizar operaciones de crédito público adicionales
a las autorizadas en la ley de presupuesto del año en curso, con el fin
de disponer un aporte de capital inicial a favor del “FONDO
FIDUCIARIO DEL CRUCE MARÍTIMO DEL SUR” por un importe de
hasta PESOS MIL MILLONES ($1.000.000.000), mediante la emisión
de Letras del Tesoro a CUARENTA Y DOS (42) meses de plazo, en
los términos y condiciones que fije el órgano responsable de la
coordinación de los sistemas de administración financiera del Sector
Público Nacional” (art. 4º).
La anterior gestión nacional terminó su mandato sin poner en marcha
el proyecto que le diseño la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado (AGP) y que aconsejaba –a pesar de no haber
realizado un estudio serio, responsable y consultando a los provincias
de Tierra del Fuego y Santa Cruz-, efectuar una conexión desde el
muelle carbonífero de Punta Loyola (Río Gallegos), al inconcluso y mal
diseñado puerto de Caleta La Misión (Río Grande); con el objetivo de
realizar un peligroso cruce a mar abierto de unos 147 kilómetros.
En abril de 2016, mediante el INFORME N° 93, el P.E.N respondió al
PARLAMENTO sobre este tema: “la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables se encuentra estudiando –en conjunto con la Secretaría
de Planificación de Transporte- las posibles alternativas para vincular
por territorio argentino la provincia de Tierra de Fuego con la Provincia
“2017 – Año de las Energías Renovables”
de Santa Cruz”. Agrega que “el Programa” de ambas reparticiones
“propicia la conectividad territorial, la integración socio-económica y el
desarrollo productivo de la región más austral de la República
Argentina, resaltando su importancia estratégica, económica y
geopolítica, en resguardo de la soberanía nacional”. Indicando
además, que “entre los objetivos buscados se encuentran la mejora de
Competitividad y Operatividad del transporte terrestre por la
disminución de costos y tiempos de viaje, fomentar las actividades
productivas y diversificar y optimizar la oferta turística en el área de
influencia del Corredor”.
Posteriormente, en el INFORME N° 99 del PODER EJECUTIVO
NACIONAL al PARLAMENTO, se respondió por escrito lo siguiente:
“1) La evaluación de las ubicaciones de las terminales portuarias se
está realizando en el marco de una revisión de los nuevos escenarios
de integración económica internacional y el nuevo contexto geopolítico
del país, en virtud de la necesaria revisión que la
desactualización del proyecto asociado al expediente original que
requería. Ante esta situación la conformación de pliegos de bases
técnicas, así como licitaciones y confección de presupuestos no se ha
realizado a la fecha. 2) Los estudios de factibilidad técnica, económica
(demanda) y de impacto territorial fundamentados en el marco
institucional de la LEY 26.776 y Decreto 1423/2015, están siendo redireccionados
desde una mesa de trabajo inter-jurisdiccional
(Ministerio de Transporte; Ministerio de Interior, Obras Públicas y
Vivienda) a partir la estrategia de conectividad nacional, regional e
internacional que el caso amerita. En este sentido se tiene en cuenta:
2.1 – Necesidad de revisar el rol de los puertos del sur patagónico en
virtud de las nuevas perspectivas internacionales, comerciales y geopolíticas
asociadas a la nueva plataforma continental –Mar Argentino.
2.2 – El tipo de puerto en Tierra del Fuego a desarrollar en relación a
estas perspectivas y los potenciales flujos a servir en su carácter
multipropósito (Diseño, cabeceras y tipos de buques que lo utilizarán).
2.3 – La localización física de dicho puerto en asociación a las
vinculaciones actuales y proyectadas y las restricciones
oceanográficas específicas de la zona así como las costeras y
ambientales”.
En este contexto, hemos recibido un pedido por parte de la Federación
Popular del Transporte de Tierra del Fuego por el cual solicitan se cree
un CONSEJO CONSULTIVO PARLAMENTARIO que acompañe,
impulse y potencie el desarrollo de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
LEY NACIONAL N° 26.776, integrado por miembros del Poder
Legislativo Nacional, de los gobiernos de las Provincias de Santa Cruz
y Tierra del Fuego, las Universidades Públicas Nacionales,
organizaciones sociales, sindicales y políticas de ambos Estados
Provinciales.
“2017 – Año de las Energías Renovables”
Por su importancia, les solicitamos a los Sres. Legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda
