Con 162 votos afirmativos, 55 negativos y 28 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción y la Cámara de Senadores aprobó un dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar próximamente en el recinto el proyecto enviado por el Ejecutivo de suspensión durante 2025 de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Contempladas en la ley 26.571 de 2009, titulada “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, las PASO tienen como objetivo abrir la dinámica interna de los partidos políticos y generar mayor participación ciudadana. En un principio, la norma se pensó y debatió para fortalecer la transparencia y aumentar progresivamente el ejercicio de los derechos políticos.
Durante el debate se presentaron distintos puntos de vista sobre la conveniencia de la eliminación en primera instancia y luego sobre la suspensión. Entre los principales argumentos presentados, tanto a favor como en contra de las PASO, se hizo presente el análisis sobre el impacto fiscal que tuvieron las PASO desde su implementación.
Desde Fundación Éforo, a través del informe Políticas Electorales en Argentina, se dieron a conocer datos sobre la trayectoria del gasto público destinado al funcionamiento de los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE), entre 2007 y 2022, sumando, en esta oportunidad, el impacto presupuestario del proceso electoral de 2023.
En Argentina, la política electoral y la ejecución de los actos electorales son organizadas a través del trabajo conjunto entre la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del ex Ministerio del Interior, la Justicia Electoral, el Comando General Electoral, que tiene a su cargo la programación y ejecución de las medidas de seguridad desplegadas durante el proceso electoral, y el Correo Argentino, encargado de la prestación del servicio de logística general.
Además, la Ley Nº 26.215 (y sus modificatorias) regula el financiamiento de los partidos políticos. Allí se establece que las actividades de los partidos políticos pueden ser financiadas con recursos de dos fuentes (art. 4): públicas (aporte regular del Estado Nacional a través del Fondo Partidario Permanente a cargo del Ministerio del Interior) y privadas (aporte de sus afiliados, donaciones u otras actividades propias).
Las elecciones nacionales y su impacto fiscal
El gasto destinado a partidos políticos y política electoral (GPPyE) pasó de 0,04% del PBI en 2007 a estar entre 0,05% y 0,08% del PBI. Este incremento se explica solo de forma parcial por la instauración de las PASO. Como breve observación metodológica, se aclara que los montos de gasto están a precios constantes del año 2024.
Desde la implementación de las PASO, el gasto de un proceso electoral en el que se eligen presidentes y legisladores a nivel nacional ronda los $331.016 millones, en promedio. El que más recursos fiscales requirió fue el de 2015, ocasión en la que hubo balotaje. En esa oportunidad, la elección significó un gasto de $371.630 millones. Esto significa que el proceso electoral 2023 requirió una menor erogación por parte del Estado Nacional respecto a 2015 en torno al 6%. En cambio, la elección presidencial de 2019 costó aproximadamente $251.662 millones, inferior tanto a la elección de 2015 como a la de 2023.
Sin embargo, cuando observamos el tipo de gastos que implica llevar a cabo un proceso electoral, comprobamos algunas similitudes y diferencias. Para las elecciones de 2015 y 2023, los “Servicios de logística del Correo Argentino” y las “Transferencias” concentraron más del 70% del total de gastos, 78% en 2023 y 81% en 2015.
Las transferencias engloban a todas las erogaciones corrientes que efectúa el Estado Nacional por diferentes conceptos para llevar a cabo el proceso electoral. A partir de los registros administrativos y de la información pública disponible, no es posible desagregar el monto correspondiente a cada una de ellas.
Dentro del concepto de transferencias se incluyen los gastos demandados por el Comando General Electoral para la seguridad y custodia de las elecciones; transferencias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el pago de horas extras y contratos en las Secretarías Electorales de todo el país y la Cámara Nacional Electoral; transferencias a las Secretarías Electorales para cubrir gastos de funcionamiento y transferencias a las agrupaciones políticas en concepto de aportes para la campaña electoral y para la impresión de boletas.
El proceso electoral 2023 requirió una menor erogación por parte del Estado Nacional respecto a 2015 en torno al 6%.
Donde sí se comprueba una disminución significativa de los recursos destinados a la ejecución de ambos procesos electorales es en el “Fondo Partidario Permanente” (FPP), donde cayeron en el orden del 95% en 2023 respecto al 2015, $172 millones contra $3.300 millones respectivamente.
El FPP es administrado por el ex Ministerio del Interior y sus recursos se distribuyen entre los partidos políticos como aporte para su desenvolvimiento institucional. Constituye una herramienta de primer orden desplegada por el Estado Nacional para garantizar la independencia política de los partidos al momento de definir sus plataformas y propuestas en íntima vinculación con las demandas reales de la ciudadanía.
Desde la implementación de las PASO, el gasto de un proceso electoral en el que se eligen presidentes y legisladores a nivel nacional ronda los $331.016 millones, en promedio.
Por otro lado, aun sin ser parte de los gastos más importantes dentro del despliegue del proceso electoral, las erogaciones en “Viáticos y pasajes” y “Gastos en Urnas, sobre y otros” son los que más se incrementaron entre 2015 y 2023, aumentando 239% y 152% respectivamente.
Elecciones de medio término
Las últimas elecciones de medio término fueron las de 2021 y 2017. Mientras que la de 2017 costó $298.882 millones, en 2021 el gasto rondó en torno a $264.097 millones. Al compararlas, la elección de medio término de 2021 requirió de un esfuerzo fiscal 12% menor respecto al de 2017. Desde la implementación de las PASO, el gasto de un proceso electoral de medio término, en el que se eligen solamente legisladores a nivel nacional, ronda los $280.088 millones, en promedio.
Al observar el detalle desagregado de los gastos, comprobamos que dentro de las partidas más importantes, los recursos del “Fondo Partidario Permanente”, “Servicio de logística del Correo Argentino” y “Transferencias” cayeron en cuatro años un 56%, 30% y 10% respectivamente. Sin embargo, los “Servicios profesionales y técnicos” es la partida que más se expandió entre las elecciones 2017 y 2021 en torno a 789%, pasó de $2.344 millones a $20.846 millones.
Los servicios profesionales y técnicos incluyen los servicios contratados por el Estado y prestados por terceras personas o empresas, tales como estudios e investigaciones, capacitaciones, servicio de diseño de la página web para la comunicación de resultados, etc.
Un debate aún pendiente
El cambio de las reglas del sistema electoral debe estar orientado siempre a fortalecer la transparencia del proceso electoral, ampliar la participación ciudadana y promover la rendición de cuentas. El sistema electoral es uno de los pilares fundamentales que construyen el poder de gobierno de una sociedad democrática.
Los partidos políticos tienen que tener una estructura interna de transparencia y de acceso a la información por parte de la ciudadanía que el derecho debe garantizar para fortalecer el ejercicio democrático de participación en la agenda política.
La discusión sobre el sistema electoral tiene que ser profunda para que la normativa brinde la estabilidad necesaria para fortalecer la institucionalidad democrática y con ella la representación política de la ciudadanía. Cuando hablamos de modificar o suspender normativas que hacen a la vida y calidad de nuestra democracia, se coloca a todo el sistema político en una situación de representación y con legitimidad de origen débil que aleja aún más las agendas ciudadanas de la política.
Para profundizar aún más en el tema y porque analizar la realidad es también participar, desde Fundación Éforo te invitamos a conocer los informes técnicos y ciudadanos disponibles en nuestro sitio web.
Fuente: el Auditor
