Primer impacto del escándalo $Libra: Milei dejó de ser el presidente con mejor imagen de Sudamérica
Los datos se desprenden de un sondeo realizado a través de dispositivos móviles a 1.500 personas de todo el país, entre el 17 y 18 de febrero. El informe refleja que el 72,4% de los consultados está al tanto del caso, siendo que el 47,4% cree que el tema es «muy importante«, mientras que un 32,9% le resta relevancia y un 18,9% manifiesta que es «algo importante».
En cuanto a la responsabilidad del jefe de Estado en el escándalo, el 45,3% cree que «Milei tiene la culpa porque sabía que se trataba de una estafa», mientras que otro 31,5% opina que «fue engañado y no tiene responsabilidad en el asunto». En tanto, un 21,6% manifiesta que el libertario «fue engañado, pero su comportamiento fue irresponsable».
A pesar de la magnitud del escándalo y la controversia generada, la imagen del mandatario muestra una división marcada: el 49,6% mantiene una opinión positiva, frente a un 46,6% que tiene una percepción negativa. Otro de los puntos analizados sobre Milei fue su comunicación, siendo que un 54,7% expresa que «es irresponsable en el uso de su palabra» y un 37,9% subraya que él «puede decir lo que quiera como cualquier otro ciudadano».
En el plano político, la encuesta midió el impacto de $LIBRA en la intención de voto. Ante la consulta sobre las elecciones legislativas de 2025, el 51,3% afirmó que quiere que Milei gane, mientras que el 45,2% expresó su deseo de que pierda. A su vez, el 50,4% aseguró que el escándalo no modificó su opinión sobre el mandatario, ya que lo apoyaba antes y lo sigue apoyando. No obstante, un 13,7% indicó que antes respaldaba al presidente, pero ahora ya no lo hace.
El informe también abordó la posibilidad de un juicio político contra Milei, impulsado por sectores de la oposición. En este punto, el 51,6% cree que no debería llevarse a cabo, mientras que el 40,3% considera que sí lo amerita.
Respecto a la percepción sobre las personas que invirtieron en la criptomoneda, un 70,9% considera que «tienen que asumir el riesgo y no se pueden quejar» de las consecuencias económicas. Por el contrario, tan solo un 7,8% afirmó que «el Estado debe indemnizarlos». En tanto, un 21% no tiene una opinión formada al respecto.
MB/ CP
Perfil
