Empezó un nuevo año y el Gobierno está entusiasmado con los ingresos que podrán proveer las exportaciones energéticas, pero se refiere específicamente a las exportaciones de petróleo y a futuro de gas. En el aspecto de la energía eléctrica el panorama es otro, por ahora las «fuerzas del cielo» ayudaron y no se vivieron calores extremos en diciembre, ni tampoco en el principio de este 2025. En cambio, en caso de picos de demanda, el Gobierno informó que se importará energía eléctrica de Brasil y Uruguay.
El sistema nacional de energía eléctrica, que tiene tres patas que lo sostienen (la generación, la transmisión y la distribución) hoy en día está cerca del colapso ante una situación crítica de alta demanda debido fundamentalmente a la saturación de la capacidad de líneas de alta tensión y la falta de actualización parcial de las redes de distribución. Esto fue el resultado de muchos años de tarifas desactualizadas y políticas de subsidios mal planificados en los gobiernos kirchneristas.
En los últimos años se hizo una importante inversión en generación renovable eólica y solar, ya que por una parte se les dio prioridad de ingreso al sistema y se mantuvieron precios altos que les dan buena rentabilidad, pero esto no se completó con el aumento de capacidad de transmisión eléctrica.
Esta política iniciada por los planes Renovar en el Gobierno de Cristina Kirchner y continuada por Mauricio Macri, permitió un buen desarrollo de renovables, pero a costos muy superiores que los pagados en Chile o Uruguay. Así el sistema resulta desequilibrado, con una capacidad significativa en eólica y solar, cuya garantía de servicio son bajas, debido a que dependen de las condiciones ambientales instantáneas (presencia o no de viento, cielo soleado o nublado) y buenos precios; un parque térmico que en buena parte es antiguo y de bajo rendimiento con muchos equipos fuera de servicio; tres centrales nucleares confiables pero que porcentualmente no pesan mucho y con un parque de centrales hidroeléctricas en su mayor parte antiguo y con precios muy bajos que no permiten su actualización ni nuevas inversiones, con la mayor parte de las concesiones vencidas con prorrogas provisorias, pero que en conjunto con las dos centrales binacionales son la base del sistema de generación.
La ejecución de nuevas líneas de alta tensión es imprescindible
Durante este primer año de mandato del presidente Javier Milei, no se han concretado obras de transmisión significativas, ni como obra pública, ni como inversión privada. La ejecución de nuevas líneas de alta tensión es imprescindible y debe ser prioritaria ya que, de los tres sectores -generación, transmisión y distribución- es actualmente el más crítico.
El Gobierno nacional, en cambio, anunció un plan nuclear para poder generar más energía, pero aún no resulta muy claro ni los alcances ni los tiempos realmente necesarios para llevarlo a cabo. La experiencia hasta ahora dice que el proceso de diseño y construcción de una central nuclear lleva muchos años. Se habló de tener energía abundante para instalar en la Patagonia zonas de desarrollo de bancos de datos y equipos informáticos para la Inteligencia artificial, dado que son equipos que necesitan refrigeración y/o temperaturas bajas, igualmente cualquier solución de este tipo, también necesita la construcción de nuevas líneas de alta tensión.
En el ámbito hidroeléctrico se observa que en el año 2023 vencieron, la mayoría de las concesiones de las centrales de la región del Comahue, a saber: Piedra del Águila (1424 MW), El Chocón (1220 MW), Alicura (1000 MW), Cerros Colorados (450 MW) y arroyito (120 MW), unos 4200 MW en total. Se prorrogaron por un año según lo permitía el contrato y esa prórroga venció en agosto pasado; volviéndose a prorrogar todas por otro año ya fuera de contrato, salvo Piedra del Águila en la cual el primer año venció el pasado 29 de diciembre y entendemos que se ha prorrogado igualmente.
Las prórrogas fuera de contrato se han realizado en base a un decreto de Alberto Fernández que dictaba la emergencia energética, así en el decreto 718/24 del 12/8 dice «se enmarcan en la Emergencia del Sector Energético Nacional y, en particular, del segmento de generación bajo jurisdicción federal declarada mediante el Decreto N° 55/23».
También ha vencido en abril del año pasado la concesión de las centrales de los Nihuiles que debían volver a la provincia de Mendoza que es la propietaria, sin embargo, también se han prorrogado por año. La concesión de las presas situadas en el río Diamante (Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre) ha vencido en octubre pasado, y finalmente además ha concluido la de Río Hondo (Santiago del Estero). A fin de tener una magnitud de la inversión total realizada por nuestro país para tener esas obras es superior a los US$ 50.000 millones.
El Gobierno ha decidido llamar nuevamente a concesión a partir de ese decreto 718/24, que indicaba que se llamaría por licitación a la venta de las acciones de las nuevas compañías administradoras de cada una de las centrales del Comahue.
Esto produjo un poco de confusión porque mucha gente entendió que se trataba de una venta de las centrales y no es así, es una concesión y la propiedad sigue siendo del estado nacional. En realidad, se repitió el mismo esquema que se había realizado en 1993, lo cual no extrañó ya que el ex secretario Eduardo Rodríguez Chirillo era parte del equipo del entonces secretario Bastos.
Por lo que sabemos no se avanzó mucho en ese entonces y luego en octubre pasado salió el decreto 895/24 que modifica el 718, e indica que los 180 días para llamar a licitación serán desde la publicación de este último decreto es decir desde el 10 de octubre, lo cual nos lleva a abril de este año.
Con la nueva gestión a partir del nombramiento de María Tettamanti el 16 de octubre, parecería que se ha tomado un perfil más técnico en el área y se ha responsabilizado de avanzar con la documentación al subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, habiendo indicado extraoficialmente que los nuevos pliegos de concesión se publicarían en marzo y las fechas de ofertas serían en agosto próximo. No se conoce claro hasta ahora con qué sistema tarifario se realizará la licitación.
Por otra parte, tampoco se ha tenido en cuenta la pretensión de las provincias de Neuquén y Río Negro de participar en el proceso, basándose en que las obras son de jurisdicción nacional y en que la ley 15336 de energía hidroeléctrica es previa a la reforma constitucional de 1994.
Según los comentarios en la secretaría de Energía, el esquema de licitación sería muy similar al de hace 30 años atrás, dado que fueron exitosas desde punto de vista operativo; aunque en realidad han quedado pendientes discusiones económicas por el congelamiento de las tarifas de generación en la época kirchnerista.
El punto crítico de ese pensamiento es que las presas y centrales tienen 30 años más de antigüedad. Específicamente El Chocón y Cerros Colorados ya han cumplido 50 años de operación.
Las represas del Comahue son claves
Como puede suponerse, si bien los concesionarios han mantenido los equipos en buen estado general, ya han cumplido su vida útil. Se han hecho algunas inversiones en los primeros tiempos del período de concesión, ya que había «tareas obligatorias» desde el punto de vista contractual. También se ha realizado en general una actualización de los sistemas de comando, control y medición de parámetros. Sin embargo, salvo en la central de Futaleufú, cuya concesión vence este año, no se han reemplazado generadores ni transformadores. En esa central en particular, el concesionario decidió hacer una inversión de más de 40 millones de dólares para reparar y optimizar turbinas y reemplazar el equipamiento electromecánico y eléctrico lo cual permitió aumentar la potencia instalada en un 8%.
En cambio, el Chocón como su compensador Arroyito y Cerros Colorados requieren inversiones importantes para poder permitir una prolongación de la vida útil adecuada para una concesión de largo plazo. No se sabe aún si eso se preverá como tarea obligatoria al nuevo concesionario o cómo se llevará a cabo.
En los otros casos, como Alicurá tiene 40 años y muy buen estado de conservación, sin embargo, también requiere renovaciones electromecánicas. En el de Piedra del Águila, que es más moderna, se había previsto originalmente a futuro la instalación de 2 turbinas más que nunca se hicieron. Esto permitiría aumentar la potencia instalada y la potencia disponible en la hora pico. Se podría incluir o no en la licitación esa obra.
Las obras en Mendoza no han sido incluidas en el decreto 895 ni tampoco en el 718, pero claramente podemos indicar que en esas obras que son más antiguas, se requiere una modernización no solo de lo electromecánico sino también de los equipos hidromecánicos que en el caso de Nihuil 1 tienen más de 80 años de antigüedad y una revisión exhaustiva de las obras civiles.
Desde mi punto de vista, sería conveniente que este nuevo proceso de licitación sea participativo y se invite a distintos ámbitos con reuniones técnicas, con representantes del mercado eléctrico, de organismos de seguridad de presas como ORSEP, de ONGs, como el comité argentino de Presas, empresas interesadas, representantes de las provincias donde se ubican las obras, organismos ambientales a nivel nacional, provincial, Universidades y ONGs representativas. Esto permitiría asegurar condiciones contractuales que se puedan mantener a largo plazo con gobiernos de distinto signo.
Por otra parte, en la cámara de diputados existe un proyecto de ley de seguridad de presas y embalses, presentado por el diputado Julio Cobos que tiene despacho de la comisión de obras públicas y que permitiría tener un marco legal de seguridad a cumplir por los concesionarios, ya que hoy solo tienen el contrato para fijar las condiciones de seguridad que deben cumplir.
Sería recomendable también ajustar las condiciones contractuales a fin de acordar con las provincias el pago de regalías razonables, también considerar aporte al mantenimiento de los comités de Cuenca, aportes a la seguridad de presas a través de ORSEP (Organismo regulador de seguridad de presas), y también sería conveniente generar un fondo que permita desarrollar nuevos proyectos.
Actualmente las obras de este tipo que estaban en ejecución están paralizadas, tanto las que se ubican en Río Santa Cruz, Condor Cliff y La Barrancosa, como El Tambolar en San Juan y también el Brazo Aña Cua en Yacireta. Sería conveniente completarlas a fin de ampliar la oferta hidroeléctrica que presenta una importante ventaja respecto a otras formas de energía renovable, el agua en un embalse es energía acumulada, que con solo poner en marcha las turbinas está disponible en forma casi inmediata y puede cubrir las bajas de potencia de las plantas eólicas por falta de viento, o las de las solares por nubosidad.
¿El ejemplo es Chile?
Este Gobierno pretende que solo se generen nuevas obras por inversión privada, y pone como ejemplo a Chile. Sin embargo, en el tema hidroeléctrico la inversión privada en el país vecino fue muy limitada y solo alcanza a 2 presas.
Esto se debe a que la problemática de estos proyectos es muy compleja y la inversión de riesgo es muy alta. Deben hacerse estudios geológicos y geotécnicos para asegurar como se realizarán las fundaciones de la presa; instalar estaciones hidrometeorológicas y tomar mediciones largo tiempo.
Finalmente, lo más crítico en Argentina y otros países es la licencia o aprobación ambiental, que puede llevar mucho tiempo dado que suele haber objeciones de distintas ONG que muchas veces se judicializan, con lo cual se alarga aún más. Por ello, en los proyectos hidroeléctricos, aun en el caso que la inversión fuera totalmente privada, resulta imprescindible el apoyo estatal en la gestión del proyecto.
Argentina tiene grandes posibilidades energéticas con variedad de recursos, gasíferos, hidroeléctricos, eólicos, solares y unos excelentes recursos humanos para el desarrollo de la energía nuclear para producir energía eléctrica en abundancia.
Es necesario desarrollar un plan público – privado con aportes desde todos los ámbitos para desarrollar políticas de Estado en el tema por los próximos 25 años.
Por Rodolfo Dalmati
