¿Se acuerdad de Ciccone? Bueno, cerró para siempre.
Así lo anunció Luis Caputo en su cuenta de X.
Ciccone Calcográfica fue fundada en 1951 por los hermanos Alberto y Nicolás Ciccone. Imprimía billetes, títulos universitarios, patentes, chequeras, padrones electorales y un largo listado de impresiones de seguridad.
El gran despegue de la empresa se logró durante la dictadura militar: la calcográfica imprimió las entradas del Mundial ’78.
Fue intervenida y luego expropiada durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
El posteo de Caputo:
Cerramos la ex Ciccone
Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato.
En este sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada. De esta manera, la Agencia de Administración de Bienes del Estado dispondrá del inmueble para la subasta y posterior venta.
El mismo actualmente posee una bóveda de almacenamiento, que se utiliza para almacenar billetes que están próximos a ser destruidos y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
A partir del proceso de cierre, la maquinaria necesaria para la producción de chapa patente se instalará en los depósitos de Retiro, y se iniciará el proceso de retiro de tres máquinas de calcografía para la producción de pasaportes.
En la misma línea, se retirará toda la maquinaria importada utilizada para la producción de billetes. La producción de los mismos se encuentra sin operar desde el 31 de octubre, cuando el BCRA decidió rescindir el contrato vigente y dar por terminada la producción de billetes por parte del Estado Nacional.
La empresa había sido expropiada por el Estado Nacional el 22 de agosto de 2012 durante la gestión de Amado Boudou cuando cumplía funciones de Vicepresidente.
Debido a que esta operación fue un caso de corrupción de público conocimiento, y a que hoy resulta menos oneroso que la producción de billetes se compre a distintos proveedores internacionales, no existe ninguna necesidad de que la compañía continúe en manos estatales. El cierre de la empresa implica un ahorro anual para el Estado de $ 5.040 millones.
En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta serán dispensadas hasta determinar las políticas a seguir.
Fuente:el economista
