A favor de Rodríguez votaron 13 consejeros el dictamen desestimatorio del académico Diego Molea –incluyendo a los jueces Alberto Lugones, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo-, además del bloque oficialista. “Con las constancias obrantes en la causa Nº 3867/2016, se vislumbra que el relato adolece de otras serias inconsistencias cronológicas”, se indicó en el dictamen respecto a la ausencia de correlato en lo que “confesó” Pochetti. “En base a la prueba solicitada y producida se concluye que ninguno de los cargos ha quedado acreditado”, concluyó la investigación a la que solo se opuso la senadora de Cambiemos Silvia Giacoppo.
Parte del argumento central para exonerar a Rodríguez llegó de la mano de Pollicita: “Ninguna de las declaraciones brindadas por Pochetti, (Elizabeth) Ortiz Municoy y (el contador arrepentido, Víctor) Manzanares proporcionó algún dato concreto, objetivo y demostrable respecto de la supuesta entrega de dinero al juez Luis Rodríguez. Es decir, no se desprende ninguna referencia sustancial, precisa y comprobable respecto de dónde, cómo y cuándo se efectuó el pago, ni tampoco acerca de dónde se obtuvo el dinero, quiénes participaron de la entrega y recepción o quiénes conforman el `entorno´ que, según Ortiz Municoy, le dijeron que conocería la existencia de los hechos”, escribió en su dictamen en la causa penal.
El otro asunto, caldeado en la previa, que se discutió fue la acumulación o no de denuncias contra el juez Rodolfo Canicoba Corral. La Comisión de Acusación aprobó la desestimación de tres de cuatro denuncias por mal desempeño por 5 votos sobre 9 y la sola oposición del diputado PRO Pablo Tonelli. Se difirió su aprobación definitiva al próximo plenario vía “zoom” para dentro de 15 días. El “ruido” quedó plasmado por la intención de Tonelli de replicar una investigación patrimonial sobre Canicoba, al estilo de la que había realizado con el camarista Eduardo Freiler, duplicando una causa penal por enriquecimiento ilícito que estaba en pleno curso. Freiler terminó destituido en un jury de origen viciado. La causa penal terminó ratificando un sobreseimiento.
La previa fue en los WhatsApp calientes. La discusión que antecedió se dio entre el abogado radical Juan Pablo Más Vélez (dictamen desestimatorio) y su sucesora en la Comisión, Marina Sánchez Herrero temerosa de suscribir lo mismo o escribir lo contrario. Intervinieron para tomar la posta Diego Molea, consejero académico, y Tonelli que buscaba replicar un escenario similar al de Freiler. El resultado se discutirá en el próximo plenario en dos semanas pero deja una puerta abierta con un único caso vigente que es la acusación respecto a ciertos viajes en aviones privados auspiciados por empresarios. Es un arma de doble filo profundizarlos, por las eventuales motivaciones del magistrado o por la identidad de los “solícitos” hombres de negocios. Todo tiene una línea de meta: cuando este año el juez cumpla 75 años debería dejar su cargo o lograr que el Gobierno reenvíe su pliego al Senado. Allí está la clave
El último punto tuvo como protagonista al padre del juez federal de Dolores, el verborrágico juez Juan María Ramos Padilla por una serie de 56 tweets de contenido político. La actividad twittera de Ramos Padilla padre es tan desbordada y anárquica como también ajena a su actividad jurisdiccional, por lo que no se demuestra cuál era el perjuicio. Tonelli no logró conmover que esas consecuencias de la vida virtual pueden ser homologadas al mal desempeño en funciones.
Fuente:ámbito.com
