Cinco senadoras ligadas al kirchnerismo propusieron un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas, que establece su anulación lisa y llana cuando el imputado se crea comprendido en una serie de supuestos, entre los cuales está la difusión en los medios de las acusaciones en su contra. Un detalle: la ley sólo beneficiaría a los acusados por corrupción, y no a los miles de presos sin condena que revientan las cárceles.
El texto advierte que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Esa enunciación genérica no merecería objeciones: la libertad de las personas debe ser custodiada con los mayores cuidados, y su limitación jamás puede ser arbitraria. Pero la enumeración de razones que convertirían en nulas las prisiones ordenadas por jueces de la democracia multiplica exponencialmente esa arbitrariedad, sólo que en sentido contrario: toda detención de un sospechoso por corrupción podrá anularse ante la invocación de factores muy difíciles de medir.
La iniciativa fue presentada a fines de diciembre pasado por las senadoras del Frente de Todos, María Eugenia Catalfamo, María Pilatti Vergara, Ana Claudia Almirón, Nancy González y Ana María Ianni.
Entre los motivos de nulidad se encuentra “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución.
También podrán exigir la nulidad de las preventivas quienes crean que hubo una “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido”, y los que sospechen sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.
La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, consideró que es «algo insólito» el proyecto para anular prisiones preventivas en casos en que los medios hayan influido en «percepción pública» de los acusados.
«Es algo insólito. Me parece una invención absolutamente fuera de lugar y con un nivel de autoritarismo total«, sostuvo la ex ministra de Seguridad.
Y agregó: «Lo que me preocupa es ¿a quién se le ocurren estas cuestiones autoritarias? Lo que me preocupa es el cercenamiento permanente de la libertad».
En diálogo con Radio La Red, la referente opositora cuestionó el «control de la Justicia» que afirmó que hubo durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner al frente de la Casa Rosada y aseguró «es inaceptable» la igualación entre ambos gobiernos en lo que hace al vínculo con el Poder Judicial.
«Generamos un ambiente de respiración que no existía en la Justicia», concluyó la ex diputada nacional.
Fuente: Diario Uno
