El Gobierno de Mauricio Macri publicó el pasado 17 de mayo en el Boletín Oficial que el extinto Ministerio de Energía, ahora reducido a una Secretaría, le adjudica a compañías extranjeras permisos de exploración y búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino, sobre 18 áreas específicas de la plataforma continental donde se cree que hay grandes reservas de petróleo y gas, a partir del 1 de agosto. Se espera que ingresen 724 millones de dólares al país, mientras la Administración local está urgida por conseguir fondos en moneda norteamericana a pocos meses de las elecciones presidenciales, en medio de una fuerte crisis económica.
Hasta ahí, todo «normal», al menos para un país sudamericano que le entrega sus recursos naturales a empresas de países con economías más desarrolladas, como tantas veces ocurrió en la historia regional. Sin embargo, la lluvia de críticas se desató al notarse que las autoridades les otorgaron permisos a una importante firma inglesa para desempeñarse a unos 150 kilómetros de las Islas Malvinas, colonizadas por Gran Bretaña desde 1833 a pesar de su cercanía con Argentina.
La Administración de ese país latinoamericano acaba de liberar el acceso a las empresas de diversos orígenes en tres cuencas específicas: Argentina Norte, cerca de la Provincia de Buenos Aires; la Austral, frente a la provincia de Tierra del Fuego; y Malvinas Oeste, de 86.400 kilómetros cuadrados y 600 metros de profundidad, localizada entre dicho distrito sureño y las islas. En este último espacio marítimo se pone el foco de la cuestión, y no son pocos los detractores que interpretaron la noticia como una entrega de soberanía nunca antes vista.
La compañía del Reino Unido que obtuvo el visto bueno del Gobierno argentino, y que podrá trabajar en tres áreas puntuales de la cuenca, es Tullow Oil. En uno de estos sectores contará con exclusividad absoluta, al menos por ahora. De esta forma, se suma a la inglesa Rockhopper Exploration, otra empresa que ya opera cerca de Malvinas.
‘The new map’
Al sur de las islas, Rockhopper ya cuenta con el total de las licencias otorgado por las autoridades británicas para explorar la zona, mientras que en el norte espera obtener 1.000 millones de barriles de petróleo en un plazo de 20 años (equivalente a la producción petrolera de casi seis años en todo el país sudamericano, según el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas con datos del 2018). Próximamente, el mapa con la presencia inglesa en ese territorio se compondrá de la siguiente manera:
Volviendo a la Cuenca Malvinas Oeste, otras importantes compañías del rubro se acercaron hasta este recóndito lugar: ExxonMobil, Qatar Petroleum, Pluspetrol, Wintershall Energía, Total, Eni, Mitsui & Co., Tecpetrol y Equinor, una firma estatal noruega. Según alerta el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo(OETEC), una directora de aquella empresa nórdica es cercana al Gobierno isleño: Anne Drinkwater fue asesora petrolera para las autoridades coloniales en 2013, y también directiva de Tullow, entre 2012 y 2018, grupo que ya había realizado vastas tareas de exploración allí.
En otras palabras, conoce bien la zona, y se teme que la actividad empresaria también se utilice para entregar información estratégica al Reino Unido, mientras muchos argentinos insisten con que las islas deberían ser devueltas. Por su parte, los funcionarios de Malvinas se negaron a responderle a OETEC si Drinkwater todavía sigue vinculada a las islas. Contando aquella cuenca del extremo sur y otros sectores de Argentina, Equinor se adjudicó siete áreas en todo el país. Nada mal.
La estatal argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), tiene una participación mucho menor: operará solamente en un área de la Cuenca Malvinas Oeste, y en dos sectores de otras latitudes nacionales marítimas, otorgados en los últimos permisos anunciados.
- Desinformación
De los acuerdos se sabe poco y nada. No obstante, el director de OETEC, Federico Bernal, adelanta: «Las fases de exploración suelen durar entre cuatro y cinco años, y si los resultados son positivos, las operaciones pueden ser de hasta 30 años«. Por ahora, no se explicaron los criterios para la selección de las compañías, algo que todavía «es parte del secreto», opina.
Asimismo, el bioquímico y biotecnólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) critica: «No hay información sobre qué van a hacer con esos hidrocarburos, si se van a exportar netamente o se van a ofrecer al mercado interno. Tampoco se sabe qué va a pasar con los dólares que ingresen producto de esta resolución, en un contexto de brutal recesión».
Sería imposible calcular el potencial energético, económico y estratégico de los sectores adjudicados, algo que se conocerá con exactitud a través de los años, aunque se presupone que es inmenso. Lo que sí trascendió es que cuando entren en vigencia los acuerdos, desde agosto, cualquier cortocircuito que pueda surgir entre las partes se va a dirimir en un tribunal internacional, relegando la jurisdicción local. Este es un detalle importante, considerando que en octubre Argentina elige nuevo presidente.
Sobre el discurso oficial, la contradicción es grande si se recuerda que en enero, hace tan solo cinco meses, la Cancillería local lanzó un comunicado sobre las islas, donde aseguraba: «Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía«.
Reino Unido, el gran beneficiado
En la última licitación, que abarca varias zonas de Argentina, ganaron tres empresas de capitales ingleses: Shell, BP Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, que se instalará muy cerca de Malvinas. «El país más beneficiado a través de sus empresas privadas es el Reino Unido. Esto no es casualidad. Es una clara decisión de Londres de consolidar su poderío económico en el mar argentino y el océano Atlántico Sur, en convivencia con el Gobierno de Macri», vaticina Bernal.
Según el experto, se trata de «una de las mayores licitaciones del mar argentino en la historia». Por otro lado, resalta: «Es mentira que Argentina no está en condiciones de explotar sus recursos, todo tiene que ver con el tipo de sociedades que haga el Estado a través de YPF». Y finaliza: «Podría haberse asociado con otra empresa que no tenga un claro conflicto de interés, sin violar nuestra Constitución ni afectar la seguridad nacional, como sucede ahora. Además, YPF tiene basta experiencia de exploración ‘off shore’ (costa afuera)».
Para el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Claudio Lozano, «asombra que no haya ni una sola empresa latinoamericana» en estos proyectos energéticos. Más allá de la «extranjerización de los recursos», el dirigente de Unidad Popular considera que hay otro trasfondo en la cuestión: «Gran Bretaña pretende que se lo reconozca como un Estado ribereño en la región, y es lo que no se debe permitir, porque así se compartiría la explotación de los recursos naturales y podrían proyectarse en la Antártida«.
Lozano destaca que ello es de vital importancia estratégica para la región, y cree que la mejor táctica sería buscar apoyo diplomático en otras naciones de América Latina, porque la presencia británica en el Cono Sur también les incumbe. No obstante, la idea parece difícil considerando las actuales posturas políticas de muchos Gobiernos del continente.
Así las cosas, en 2016 Argentina y el Reino Unido acordaron un pacto, donde plantearon «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Y vaya que se está cumpliendo. En ese arreglo no se planteó la cuestión de la soberanía. Sin embargo, la Constitución Nacional dice que recuperar los territorios de las Malvinas, junto a las islas Georgias y Sándwich del Sur, «constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
«Si cambia el Gobierno, vamos a denunciar todos los acuerdos»
Alicia Castro fue la embajadora argentina en el Reino Unido entre 2012 y 2015, bajo la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y considera que el Gobierno actual «está brindando toda la información geológica al usurpador». Asimismo, opina que «no se han tomado recaudos jurídicos ni diplomáticos para evitar que las empresas británicas y sus asociados obtengan datos estratégicos de la plataforma continental argentina, que puede ser utilizada en contra de los intereses del país».
Castro piensa que la puesta en común del 2016 buscó «satisfacer plenamente la ambición británica», y califica: «Esto lo conozco bien. Ese trato fue escrito en Londres y sellado en Buenos Aires«. Al mismo tiempo, promete que si el kirchnerismo retoma el poder, se intentarán cancelar los convenios: «Vamos a revisarlos, denunciarlos y revertir los acuerdos», avisa.
En sintonía, suma: «Recordemos que en Malvinas hay una gigantesca base militar que tiene 1.500 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Periódicamente han aumentado el presupuesto y equipamiento, teniendo como hipótesis un posible conflicto con la Argentina». Aquellas naciones ya entraron en guerra en 1982, cuando la dictadura sudamericana intentó recuperar el territorio, pero perdió estrepitosamente.
Los tribunales como trincheras
En el sur argentino no planean quedarse de brazos cruzados. El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego anunció que presentará un planteo judicial para intentar cancelar los permisos de las petroleras. Asimismo, las autoridades del municipio de Río Grande, del mismo distrito, ya impulsaron su amparo colectivo ante la Justicia Federal. En efecto, la ley local prohíbe que las petroleras trabajen sin permiso de las autoridades, y sospechan que una de las firmas operó cerca de Malvinas sin pedir autorización a la Argentina, desconociendo su soberanía.
Además de todo lo ya expuesto, el recurso presentado por el gobernador, Gustavo Melella, pide a la Secretaría de Energía que informe si las empresas respetan la legislación local, y que presente los estudios de impacto ambientalnecesarios. También reclama a los funcionarios que expliquen los méritos de cada empresa para obtener los permisos de exploración petrolera y gasífera. La Administración de Macri recibió el escrito el viernes 24 de mayo, y tiene 72 horas para dar explicaciones.
Según afirma el subsecretario de Modernizacion e Innovación de Río Grande, Andrés Dachary, esta semana el juzgado de esa ciudad debería emitir una resolución, a más tardar. El objetivo es frenar todo. «Si no, estaríamos legitimando estas prácticas en el mar argentino», dice el funcionario, quien trabajó con los abogados para la presentación judicial. «Naciones Unidas dispone un ‘status quo’ en la región mientras no se resuelva la cuestión soberana», repasa el licenciado en Relaciones Internacionales.
En contrapartida, desde Cancillería le negaron a RT que las adjudicaciones hayan sido ilegales, e insisten con que las empresas no corrompieron las leyes locales. Justifican que las adjudicaciones no involucran las zonas contiguas bajo disputa, aunque los denunciantes afirman lo opuesto. En todo caso, si hubo una empresa que operó en Malvinas, dicen en la cartera de Relaciones Exteriores, lo hizo previo a la sanción de aquellas normas restrictivas.
Sin embargo, el principio constitucional sobre la soberanía argentina de Malvinas se estableció mucho antes, en 1994, y desde el Ministerio no explicaron esta incompatibilidad. Tampoco la negaron. De esta forma, resta por ver la contestación oficial y la determinación de la Justicia local. ¿Podrá una pequeña ciudad sureña frenar el acuerdo entre Macri y las gigantes petroleras?
Leandro Lutzky
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