Se suele entender a la Causa Malvinas como un sentimiento, algo estrictamente relacionado con el sentir nacional, mientras que la Cuestión Malvinas como a aquellas discusiones o negociaciones llevadas adelante por diplomáticos, utilizando muchas veces términos complejos de entender para un ciudadano de a pie.
Sin embargo, existe en nuestra provincia un claro y constante vínculo entre estos dos aspectos: Cuestión y Causa Malvinas son inseparables para cualquier fueguino. Quizás por el rol protagónico que tuvo durante el conflicto de 1982, o por la constante labor que llevan adelante los centros de veteranos de guerra y de ex combatientes; quizás porque Río Grande es la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas y la ciudad más cercana a las Islas; quizás porque Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas; quizás porque dichos territorios son parte integrante de la jurisdicción provincial y hoy se encuentran usurpados por una potencia extranjera, o probablemente por todos estos motivos juntos.
Ningún turista que visita Tierra del Fuego podrá recorrer nuestro territorio sin advertir que las Islas Malvinas son parte integrante de nuestra provincia y que se encuentran en la agenda diaria de todos los fueguinos.
En el año 2016 se llevó adelante la celebración de un “Comunicado Conjunto”, comúnmente llamado “Acuerdo Foradori-Duncan” el cual definió la política del actual gobierno nacional sobre la Cuestión Malvinas. A más de dos años de su celebración, nos hemos enterado por los medios de comunicación cómo punto por punto se ha avanzado en lo establecido por dicho Acuerdo: conexiones aéreas y reanudación de la cooperación en materia pesquera, aspectos que, sin lugar a duda, generan beneficios únicamente para la parte británica, fortaleciendo su ilegítima presencia en dichos territorios y siendo lesivos al interés nacional.
Siempre sostenemos que el diálogo es necesario, pero la política del actual gobierno nacional corre del eje el aspecto central en la relación bilateral con el Reino Unido: la disputa de Soberanía.
Este Acuerdo (Foradori – Duncan) en tanto establece derechos y obligaciones para las partes, no ha sido discutido ni mucho menos ratificado por el Congreso de la Nación. Es evidente por las consecuencias que ha tenido, que el “comunicado conjunto” ha tenido un claro carácter vinculante.
La Ley Malvinas, presentada el pasado 20 de febrero en Río Grande por la gobernadora de la provincia, es un instrumento concreto, una herramienta posible y necesaria. Una ley que emane del pueblo de la Nación y que se discuta en el ámbito legislativo: de una manera plural, republicana, federal y democrática.
Aspiramos a que todo instrumento jurídico internacional que trate asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y a los espacios marítimos circundantes deberán ser aprobados por el Congreso de la Nación. Que ningún gobierno, sin importar su color político, pueda torcer el mandato constitucional y avanzar en comunicados conjuntos, hojas de ruta, memorándums de entendimiento o cualquier otro eufemismo utilizado para disfrazar a verdaderos acuerdos internacionales sin la aprobación por parte de los representantes del pueblo de la nación y de las provincias.
Por eso desde aquí, desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tenemos que ser capaces de llevar a todo el país el mensaje de la gesta de Malvinas. Y quizás, desde esta remota provincia argentina, cumpliendo con el mandato constitucional, estemos marcando el rumbo de la historia con relación a la cuestión Malvinas.
La Ley Malvinas representa una amalgama entre la Cuestión y la Causa, que cuenta con el apoyo de nuestros veteranos de guerra de Malvinas y que le va a brindar el lugar que una verdadera política de estado merece, con un alto nivel de consenso que exprese la voluntad del oficialismo, pero también de la oposición. La Ley Malvinas permitirá que se genere una discusión parlamentaria y una continuidad que represente el interés nacional en la búsqueda de ejercer nuestro derecho soberano sobre las islas más queridas.
