La iniciativa lleva la firma de los senadores Miguel Ángel Pichetto, Alfredo Luenzo y Sigrid Kunath, entre otros, y deroga el polémico Decreto 702/18 dictado por el Gobierno nacional el viernes pasado y establece nuevamente los valores diferenciados para las asignaciones según los costos de vida de cada región. Al hacerlo por ley, se busca evitar que se repitan en un futuro medidas como la dictada por la administración macrista, abarcando en su texto no sólo a las asignaciones familiares sino también a los diferenciales de las jubilaciones patagónicas. Con esto, se apunta a evitar cualquier tipo de avance que se intente sobre el coeficiente de bonificación diferencial del 1,40 de las jubilaciones patagónicas.
“El decreto conlleva una clara vulneración del principio constitucional de progresividad de los derechos sociales y demás derechos constitucionales”, señaló Pais.
Históricamente los valores diferenciales se establecieron por ser consideradas “zonas desfavorables”, a aquellas que tenían mayor costo de vida y en la canasta básica alimentaria, y también con el fin de promover el desarrollo poblacional de esas provincias y regiones, muchas de ellas fronterizas.
“El deterioro de la economía es un dato insoslayable de la realidad, y lamentablemente esta decisión de la administración de la alianza Cambiemos afecta aún más a la población de aquellas regiones que estructuralmente se encuentran más desfavorecidas por sus climas inhóspitos y lejanías con las grandes metrópolis del país y su mayor costo de vida”, agregó.
Además
“Desde una visión centralista y supuestamente racional se buscó igualar entre distintos sin mayores miramientos a los contextos de vida de los habitantes del país, y si un trabajador patagónico tiene un costo de vida superior a la de las regiones del centro del país, la quita de recursos y la igualación de ingresos, lo que hace establecer asignaciones familiares inferiores en relación con el objetivo de atender contingencias familiares”, remarcó.
En este marco, Pais manifestó que “estamos en presencia de un acto de tremenda injusticia, donde el Gobierno nacional agravia, roba el esfuerzo y los ingresos a la gente más desfavorecida, en un contexto inflacionario que erosiona los salarios por pura impericia de la administración del presidente Mauricio Macri”.
