En la prensa, los analistas coincidieron en resaltar los efectos negativos que dejó el forcejeo dominical en el que intervinieron el juez de guardia del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), Rogerio Favreto -quien ordenó la sorpresiva liberación de Lula -, el magistrado federal Sergio Moro -quien el año pasado condenó al exmandatario en primera instancia por corrupción y lavado de dinero y cuestionó la decisión de Favreto-, el juez instructor de los casos de la Lava Jato en el TRF-4 João Gebran Neto -quien rechazó la orden de su colega en la corte de apelaciones-, y, finalmente, el presidente de ese tribunal, Carlos Eduardo Thompson Flores -quien mandó mantener a Lula preso y el caso bajo competencia de Gebran Neto-. Con el país atónito, se instaló la idea de una «anarquía» en el Poder Judicial.
«La secuencia alucinante de decisiones judiciales sobre la prisión del expresidente Lula alimenta el descrédito de los tribunales y abre camino para aquellos que gustan de la confusión», señaló el columnista Ricardo Balthazar en el diario Folha de São Paulo, al referirse a la serie de eventos que desencadenó el oportunista pedido de habeas corpus presentado el viernes a última hora por un grupo de legisladores del Partido de los Trabajadores (PT). «Los petistas continuarán explorando las fisuras en el Poder Judicial a favor de Lula, con la esperanza de aumentar así las chances electorales del partido. Si no funciona, el desorden sólo servirá para beneficiar a sus adversarios», observó.
A pesar de llevar tres meses en prisión, Lula continúa como favorito para los comicios del 7 de octubre, con un 30% de las intenciones de voto, muy por delante de los otros aspirantes. El diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, del pequeño Partido Social Liberal (PSL), se ubica en segundo lugar con un 17% de las preferencias, seguido por la ecologista Marina Silva, de la Red Sustentabilidad (Rede), con 10%; y, empatados con un 6% de apoyos, los exgobernadores Ciro Gomes (Ceará), del Partido Democrático Laborista (PDT), y Geraldo Alckmin (San Pablo), del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Todos criticaron la imprevista orden de liberación expedida por el juez Favreto, de reconocida militancia en el PT, exasesor jurídico de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Lula y designado magistrado de apelaciones por su sucesora, Dilma Rousseff .
También fue muy debatida la rauda acción del juez Moro, quien dejó de lado sus vacaciones para intentar frenar la salida de Lula de su celda en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Se trata de un magistrado de primer grado que ordenó a los agentes policiales no cumplir con una decisión de un juez de segunda instancia. Según el analista José Casado, del diario O’Globo, el duelo entre Favreto y Moro desnudó una peligrosa crisis en el Poder Judicial.
«Presenta un riesgo real al régimen democrático. Entre otras razones, porque licua la confianza en el funcionamiento del sistema judicial, cuya credibilidad ya estaba corroída por un historial de confusiones éticas combinado a un alto y aún oscuro costo operacional, con bajo rendimiento para la sociedad», escribió en el matutino carioca.
Acabadas las esperanzas brasileñas en el Mundial de Fútbol en Rusia, los legisladores petistas que interpusieron el pedido de habeas corpus a favor de Lula a última hora del viernes -a sabiendas que caería en manos del «compañero» Favreto- sólo pretendían llamar la atención pública sobre el destino del expresidente. Eran muy conscientes de que el colegiado del TRF-4 y hasta el Supremo Tribunal Federal (STF) ya han rechazado recursos similares de la defensa de Lula. Cualquier victoria sería de corta duración, pero volvería a poner a Lula bajo los reflectores antes de que empiece de lleno la campaña electoral, en agosto, con el registro oficial de los candidatos. Confiaban también que la inesperada orden de liberación de Lula pudiera generar espontáneas manifestaciones de júbilo en las calles e incrementar así la presión popular, pero eso no sucedió.
«Probablemente la defensa de Lula -la jurídica y la política, que asumió el protagonismo en la confusión del domingo- apelará a las instancias superiores para intentar soltarlo. Pero el ‘efecto sorpresa’ buscado con la actuación de guardia de Favreto no será más posible a la luz del día de un lunes», destacó la columnista Vera Magalhães, del diario Estado de São Paulo.
Aunque Lula hubiese quedado libre por la orden de Favreto -o sea liberado en el futuro gracias a la aceptación futura de algún otro habeas corpus- aún no podría ser candidato presidencial en octubre. La legislación electoral brasileña (ley de Ficha Limpia) prohíbe que una persona que fue condenada en segunda instancia por un órgano colegiado sea candidato a un cargo electivo. Sólo si la sentencia a 12 años de cárcel que pesa sobre el expresidente fuera revocada por una decisión de las instancias superiores (Superior Tribunal de Justicia o el propio STF), Lula podría competir.
Con Lula preso o en libertad, el PT insiste en que presentará su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en agosto. Hasta entonces, la «telenovela» de Lula seguramente tendrá otros episodios, ahora con nuevas jugarretas judiciales para sacar provecho de la grieta política. Mientras tanto, la fragilidad del país crece.
«No sé quien erró más, pero quien perdió fue la estabilidad necesaria para la democracia. Estoy preocupado con los efectos desestabilizadores para la economía a partir de esta inestabilidad judicial», advirtió Joaquim Falcão, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro.
La Nación.
