Este mecanismo se empezó a aplicar en la Capital Federal, el conurbano y las provincias a partir de un cruzamiento de datos donde la AFIP selecciona el universo de potenciales incumplidores sobre un total de 28.000 contribuyentes de restaurantes, 26.000 de panaderías, 25.000 de las actividades rurales y 2.500 las fábricas de pastas, principalmente.
«Se trata de un conjunto de empleadores que registran la mayor informalidad laboral del mercado, con trabajadores que realizan sus tareas sin cobertura social ni médica, tanto para ellos como para sus familias», explicaron desde la entidad.
El método de la AFIP
Primero, la empresa que entra en la búsqueda de la AFIP recibe una carta electrónica y tiene 60 días para regularizar su situación o hacer un descargo. Si no hay respuesta, el organismo envía una segunda carta electrónica de inducción. En caso de que se repita esta situación, se hace una fiscalización en el lugar. Si se comprueba que no tiene a todos sus empleados declarados, se le hace una «determinación de oficio».
Para detectar posibles evasores, el organismo que dirige Cuccioli se utilizó el indicador mínimo de trabajadores (IMT), que establece la menor cantidad de empleados necesarios para llevar a cabo un negocio y sirve para determinar rubros con alto porcentaje de empleo no registrado. Por ejemplo, en los hoteles el parámetro para saber el mínimo de empleados depende de cuántas camas haya y en los supermercados, cuántos metros tiene el lugar.
«No es una intimación, pero sí se pone la lupa sobre la regulación«, dijeron en la AFIP. En la inducción, advierte que ante la evasión se aplicarán multas, clausuras y la pérdida de algunos beneficios. Además, los incumplidores quedarán expuestos en un registro que impedirá el acceso a crédito de la banca pública, subsidios y participación en licitaciones con el Estado.
Estas acciones se encuentran en el marco de las acciones de regularización de informalidad que ya realizó la AFIP sobre supermercados y casas particulares.
