La senadora radical por Tucumán Silvia Elías de Pérez, es junto con la riojana Olga Inés Brizuela y Doria -ambas en contra de la iniciativa-, dos de las legisladoras que indagan permanentemente el origen de los fondos que financiaron los estudios de los diferentes expositores invitados al debate.
Este martes apuntó contra la abogada Paola Bergallo, profesora asociada de la Universidad Di Tella e investigadora adjunta del CONICET, a quien acusó de «recibir financiamiento» de Planned Parenthood, una ONG que provee servicios de salud reproductivos en Estados Unidos y en el mundo.
Ante la pregunta requisitoria, fue la senadora peronista Beatriz Mirkin, también tucumana, la que pidió la palabra al considerar inoportuna la intervención de la vicepresidente de la UCR: «Basta de preguntarle al invitado por quién está financiado. También hay senadores financiados por algunas fundaciones para realizar tareas y viajar por el mundo y nadie les pregunta».
«A mí no se me ocurrió preguntarle al señor de la Iglesia Católica que vino el otro día si está financiado por el Estado, porque efectivamente está financiado por el Estado»,continuó Mirkin, al tiempo que sostuvo que «lo importante» de los expositores invitados «es lo que piensan».
En ese contexto, Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado y uno de los encargados de conducir el debate en el plenario, consideró que «no estaba mal que se le preguntara al invitado si recibía financiamiento».
Bergallo, sin embargo no eludió la respuesta y dio detalles sobre las organizaciones que aportaron fondos a sus capacitaciones e investigaciones, comenzando por el Estado, a través del CONICET, aunque negó haber recibido el apoyo de la asociación señalada por la legisladora tucumana.
Más tarde, el episodio volvió a repetirse con el abogado Diego Morales del CELS y fue Elías de Pérez la que reiteró la pregunta y aclaró que «lejos de querer invadir la vida privada de alguien» lo que pretendía era «ver la parcialidad o imparcialidad de las asociaciones que se presentan».
Ahí fue que el senador Pedro Guastavino, titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, intervino para señalarle que detrás de su postura «había una especie de sospecha». «No me parece normal que se hagan ese tipo de preguntas», le dijo.
Dicho esto, Morales sí reconoció que el CELS recibió fondos de la regional latinoamericana de la International Planned Parenthood Federation para financiar una investigación sobre la efectividad de la ley de salud reproductiva.
En tanto, la primera en abrir el debate fue la economista Sonia Tarragona, quien aseguró que en la actualidad «se está gastando dos veces y media más» en atender las consecuencias de abortos clandestinos «de lo que se gastaría con la legalización».
La especialista se refirió de esta manera al «beneficio de la legalización desde la perspectiva de los costos». En ese contexto, la propia Tarragona sostuvo que la atención de las consecuencias de los abortos clandestinos tiene un costo mínimo para el sistema de salud de unos $ 6.257 millones sobre la base de un cálculo sobre 300 mil procedimientos por año.
Tarragona presentó un estudio de la Asociación de Economía de la Salud en el que se presume que en un contexto de legalización, los costos para el sistema serían entre $ 1.800 M y $ 2.500 M.
Sonia Tarragona, la economista puso el aborto clandestino en números.
A su turno, la exsenadora María Eugenia Estenssoro se mostró muy dura con la Iglesia Católica y señaló a «grupos católicos como La Merced» que pretenden adoctrinar «con folletos con mentiras» en las escuelas. «Les dicen a los chicos que los anticonceptivos no previenen el aborto y no ayudan a no quedar embarazadas», explicó.
«La Iglesia se opuso a la educación pública de Sarmiento, al matrimonio civil, al voto femenino, a la educación sexual, se opone a las campañas de anticoncepción. Se opone a que las mujeres podamos decidir cómo queremos ser madres, cuántos hijos queremos traer al mundo, con responsabilidad y con amor. Lo que está en juego es la libertad de las mujeres argentinas», señaló Estenssoro que contó que abortó a los 21 años y que estuvo de los dos lados: «Aborté y fui madre soltera».
Por último, el periodista Mariano Obarrio, convertido en vocero de los provida, sostuvo que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) «crea un incentivo para que aumenten los abortos». «El aborto va a pasar a ser libre e irrestricto», consideró y planteó que en los países que se despenalizó como en Uruguay y España «hubo un crecimiento exponencial en la práctica».
El periodista del diario La Nación también protagonizó un picante cruce con la senadora Mirkin, quien le reclamó que no trate de «asesinos» a los legisladores. «Su puesta en escena de que ustedes son los provida y los que están a favor de legalizar son los promuerte es la mejor muestra de división de la sociedad en dos».
Obarrio no se quedó atrás y le retrucó: «Usted es senadora por Tucumán, donde mayoritariamente la gente piensa que hay que defender las dos vidas», instándola a votar en contra. Mirkin es una de las senadoras que se mantienen indefinidas, pero se cree podría votar a favor.
La respuesta generó el enojo de Mirkin y de varios senadores y el episodio terminó con Fiad llamando al orden para continuar con el plenario.
Por último, la abogada feminista Nelly Minyersky, apeló a los senadores. «Yo les pido que no tengan miedo. La ampliación de derechos no obliga a nadie a abortar», expresó.
«Cuando se dice que ahora las mujeres van a correr a hacerse un aborto, nos están tratando de tontas. Las mujeres no somos proaborto», concluyó.
