Original del asunto Nº 247/18, el mensaje Nº 09/18 del Poder Ejecutivo proponía “mantener los preceptos esenciales marcados por la Ley Nacional N° 25.917 y su modificatoria Ley Nacional N° 27.428 tanto en el ámbito de la técnica de elaboración y ejecución del presupuesto, como en el de coordinación a través del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal”. Cabe recordar que Tierra del Fuego “adhirió oportunamente por Ley Provincial N° 694” de 2006.
Entre otras medidas, a las que adhirió la Provincia, se encuentra la disposición de que la Ley de Presupuesto contendrá “la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados, de las instituciones de la seguridad social y los flujos financieros de los fondos fiduciarios”. También establece que se informará sobre las previsiones correspondientes a todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado del Sector Público no Financiero, entre otras consideraciones.
Una vez aprobado o prorrogado, se deberá publicar en la página web el Presupuesto Anual y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a la Legislaturas y la Cuenta Anual de Inversión. En otro artículo de la normativa nacional, se desprende que se “calcularán parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público. Estos datos deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
Entre los Parlamentarios que fundamentaron, lo hicieron el titular de la bancada del FPV – PJ, legislador Federico Bilota; el referente de la UCR – Cambiemos, legislador Oscar Rubinos. Luego con la prensa, la titular de la bancada del MPF, legisladora Mónica Urquiza hizo lo propio.
Federico Bilota dijo que el asunto que se trató hoy en sesión especial “tiene consonancia, por una parte, con el acuerdo de Consenso Fiscal que suscribió Tierra del Fuego junto a otras provincias del país” en 2017. Dijo que se trata de un consenso ratificado por el Parlamento fueguino –mediante Ley provincial Nº 1195- y también por los concejos deliberantes de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
Recordó que ese documento “establece obligaciones, pautas y metas” hacia quienes son parte de ese consenso. Además, detalló los distintos aspectos más relevantes del texto.
Esta ley “viene a reformar con nuevas pautas, metas y parámetros, en materia de responsabilidad fiscal que fueron establecidas por al Ley nacional Nº 25.917”, dijo y recordó que la normativa fue adherida también por la Provincia con posteriores modificaciones.
Calificó de “coherencia” la adhesión a este proyecto por “el lineamiento que ha tenido la Tierra del Fuego, con las distintas Legislaturas que le ha tocado tratar” las distintas iniciativas en este sentido. “Tener una homogeneidad en cuanto al tratamiento fiscal de las cuentas públicas y de la administración en general”. Calificó como una normativa “importante”, ya que establece pautas que la Provincia cumplirá, cerró en sesión.
En tanto, la legisladora Mónica Urquiza señaló que su bloque no acompañó el proyecto porque sostiene que “cercena recursos para la Provincia”. Entendió que esta situación, pone un “corset” y cuestionó las declaraciones del “oficialismo que se queja sobre el recorte de recursos para Tierra del Fuego, el ajuste y la situación económica nacional” y con la normativa sancionada se limita.
En otro orden, señaló que hay puntos en el texto “que no se pueden cumplir y no se adhiere al artículo que determina que las cuotas no se pueden exceder en un 15% de los recursos”, cuando el articulado de la Constitución fueguina “establece un máximo del 25%”, declaró este mediodía. También recordó, que la misma posición asumió su bancada “cuando no aprobamos el Pacto Fiscal”, cerró.
