Con gestos grandilocuentes, tanto la gobernadora como su ministro Gorbacz (quien, además, es quien tiene a cargo ese sistema de pensiones especiales) anunciaron como un logro de gestión el otorgamiento por decreto de una miserable suma de dinero a todos los agentes de la administración pública, jubilados y pensionados de las cajas de previsión dependientes del estado, en concepto de “paliativo” a la grave situación económica que vive la provincia. Pero los pensionados RUPE no fueron incluidos, pese a que la ley 712 establece que el monto de las pensiones debe ser el equivalente al salario bruto por todo concepto de los agentes PAyT, categoría 10, sin antigüedad.
Más allá de que intentaron disfrazar esta miserable dádiva como resultado de un acuerdo con los gremios, lo cierto es que se trata de una más de las arbitrariedades y abusos a los que someten a la población.
Exigimos al gobierno de la provincia que cese con esta política de vulneración de derechos de las Personas Con Discapacidad, a la que suman ahora una medida discriminatoria más dentro de las innumerables que llevan adelante desde la sanción de la nefasta ley 1072, y que depositen de manera inmediata la suma correspondiente en las cuentas de los pensionados RUPE.
Comisión de Discapacidad – CTA Autónoma
