La red que brinda ayuda a las personas que sufrieron abusos sexuales o intentos por partes de clérigos y/o religiosas en la Argentina, tuvieron el primer encuentro nacional de víctimas durante éste fin de semana -sábado 7 y domingo 8 de abril- en la ciudad de Paraná, donde en el encuentro compartieron relatos y testimonios. Y en éste marco, denunciaron un plan de encubrimiento de la jerarquía de la Iglesia Católica.
Luego que el encuentro nacional tuviera repercuciones en medios nacionales, el denunciante de la ciudad de Ushuaia, se contactó con dicha red para pedir asesoramiento, donde transcurridos los minutos, la red se pusó en contacto con el joven para interiorizarse del tema e informarse quienes son los sacerdotes acusados y el obispo a cargo, para comenzar un seguimiento y la búsqueda de más víctimas, en caso de a ver.
Cabe recordar que un informe publicado en el 2017 por la agencia de noticias Télam, reveló que -al menos- 62 curas de la República Argentina fueron denunciados por incurrir en abuso sexual a menores, de los cuales, dos son de Tierra del Fuego, el sacerdote Cristian Vázquez de Tierra del Fuego, quien su víctima reside en Río Grande; y de Daniel Omar Acevedo de Santa Cruz, quien su victima reside en Ushuaia.
La «Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico» se constituyó en 2014 para acompañar a las víctimas de casos perpetrados por clérigos de la Iglesia Católica. Desde ese momento, en el espacio confluyeron experiencias, testimonios y la colaboración de expertos en temas legales y en asistencia psicológica, para afrontar un largo proceso en la búsqueda de verdad y justicia.
Durante el fin de semana, Paraná fue sede del primer encuentro presencial de la Red a una semana del inicio del juicio oral y público a Justo José Ilarraz, acusado de abusos cuando era una de las máximas autoridades del Seminario Arquidiocesano de Paraná.
En esa línea, se inscribe el caso de Julieta Añazco, que en 2013 denunció que el sacerdote Héctor Ricardo Giménez abusó de ella a principio de los 80. También estuvo presente la historia de vida de Gabriel Cuesta, exsacerdote, que fue abusado de niño por un cura que después fue obispo: monseñor Abelardo Silva, fallecido; y también el caso de Marcela Orellano, madre de una de las víctimas del Instituto Próvolo en Luján de Cuyo en Mendoza. A ellos se sumó el relato de Alejandra Carrizo, quien denunció que el cura Juan de Dios Gutiérrez abusó de su hija, de 16 años.
Los anfitriones de dicho encuentro fueron Fabián Schunk, Alexis Endrizzi y Pablo Huck, quienes rompieron con el silencio y las atrocidades que cometían en sus comunidades religiosas los sacerdotes Justo Ilarraz, Escobar Gaviria y Marcelino Moya. Solamente el cura colombiano ya recibió condena, informaron.
Sobre el «Plan sistemático», Liliana Rodríguez es psicóloga de la Red desde sus comienzos, brindando asesoramiento y contención a sus integrantes.
«Nos pareció fundamental estar en Paraná apoyando a quienes van a brindar su testimonio y poner sus relatos para lograr justicia en el caso Ilarraz. Hay dos veredas y no tres en situaciones de abuso eclesiástico o de abuso en general. No se puede estar en el medio; o se acompaña a las víctimas y se entiende el delito que han cometido sistemáticamente. O se está del otro lado. Y la Red es la espalda de cada uno y cada una de los integrantes, porque es una situación muy difícil de afrontar solo, se atraviesa por mucho dolor y muchos años de silencio», afirmó la especialista en una visita al portal UNO ENTRE RÍOS mientras participaba del encuentro.
Sobre las secuelas que dejan los abusos explicó que «son situaciones traumáticas que tienen un montón de aristas, porque estamos hablando de un delito cometido por una persona, que puede ser un cura o una monja y que representa a una institución muy importante. No es tan fácil ponerle palabras a esas situaciones y saber a que se enfrenta. Es sumamente importante que se pueda comprender que no atentamos contra la fe ni contra la postura espiritual de cada persona».
Rodríguez comparó la conducta de los curas y monjas pedófilos con el plan sistemático de la dictadura en cuanto a cadena de encubrimientos. Explicó que se trata de un mecanismo que corre el velo de un mecanismo de manipulación ejecutado por el agresor alrededor de la víctima para cometer este delito. Frente a la cadena de denuncias y los procesos judiciales en marcha con condenas en algunos casos contra la jerarquía del clero, la respuesta de la institución estuvo siempre destinada a proteger a sus integrantes, se observó desde la Red.
«La apuesta es a la toma de conciencia, a hacer prevención, romper con ciertas ideas que se quieren instalar en el imaginario. Lo que se busca es verdad y justicia», afirmó la psicóloga.
Los interesados en comunicarse con la «Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico» podrán contactarse al 011 15-4540-3344
LOS CASOS FUEGUINOS
Padre Cristian Vázquez
Una denuncia pesa en su contra en Río Grande, por el supuesto abuso de una menor de 12 años de edad, a quien conocía por una relación personal que el párroco mantenía con la madre de la niña. El hecho habría ocurrido en enero de 2013. Según explicó la querella en su momento, el religioso se enteró que la niña estaba buscando alguna tarea para generarse un ingreso, y por ese motivo, la llamó para realizar tareas de limpieza, circunstancia en la cual se habría dado el abuso.
Padre Daniel Omar Acevedo
El 12 de marzo pasado, el obispado de Río Gallegos comunicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en el Vaticano, autorizó a Monseñor Miguel Ángel D’Annibale a realizar un Proceso Administrativo Penal contra el sacerdote, denunciado en mayo de 2016 por haber abusado sexualmente de un menor en Ushuaia. En noviembre de 2016, el joven presuntamente abusado presentó la misma denuncia en la Comisaría de Familia y Minoridad de la ciudad de Ushuaia, la cual sigue su curso en el ámbito de la justicia penal.
Desde entonces, el sacerdote Acevedo continúa con la medida cautelar de no ejercer el ministerio sacerdotal, mientras se desarrollan los procesos canónicos eclesiásticos y de la justicia penal.
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