Durante el encuentro, se avanzó en la articulación de políticas federales de materia de seguridad. Por Tierra del Fuego, el secretario de Estado Ezequiel Murray firmó convenios en materia de investigación del delito de trata de personas y femicidios, así como respecto a la coordinación de acciones frente a la búsqueda de personas, a los sistemas de videovigilancia y a las reuniones en el marco del evento “G20”.
Asimismo, la Secretaría de Estado llevó sus propuestas de políticas públicas para disminuir el robo y el hurto a nivel regional y nacional. Para ello, se destacó la importancia no solo de la prevención policial y la capacitación de los agentes, sino que también de la inversión en infraestructura urbana, la legislación e investigación de los mercados formales e informales en internet, así como la necesidad de articulación con los patronatos de liberados y servicios penitenciarios, instituciones clave en la vinculación de la población en conflicto con la ley.
Además, Ezequiel Murray reiteró ante las autoridades nacionales el requerimiento al acceso de las fuerzas de seguridad provinciales a la base de datos de los vuelos de cabotaje, especialmente en provincias como Tierra del Fuego donde el aeropuerto cumple un rol fundamental en el ingreso al territorio. También reiteró la importancia de federalizar los recursos tecnológicos como los escáneres para el control en pasos fronterizos y aeropuertos.
En el acta final de cierre de la IX Reunión, las Provincias ratificaron la importancia de que “el poder judicial se comprometa en la lucha contra el narcotráfico, con su presencia y sus recursos” mencionado que la “sociedad reclama respuestas inmediatas, todos los días”. Ante este planteo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el secretario de Gestión Federal de la Seguridad, Gerardo Milman, acordaron “sentar en la mesa al Poder Judicial para la próxima reunión del Consejo y discutir estos temas”.
Finalmente, el Secretario pidió agilizar los convenios entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los respectivos ministerios de seguridad de los países limítrofes y de la región, para avanzar en el intercambio de información de antecedentes penales y en el trabajo articulado en la investigación criminal.