El asunto Nº 524/17, propone mediante una ley provincial la adhesión a la Ley nacional Nº 25.127 de “Producción ecológica, biológica u orgánica”. En sus fundamentos el legislador Daniel Harrington (FPV – PJ), autor del proyecto, menciona que la norma “tiene como objeto, permitir la identificación de los productos ecológicos, biológicos u orgánicos por parte de los consumidores, evitarle perjuicios e impedir la competencia desleal, la producción, tipificación, acondicionamiento, elaboración, empaque, identificación, distribución, comercialización, transporte y certificación de la calidad de los productos ecológicos”.
En su articulado, el proyecto contempla la creación de una Comisión Asesora para la Producción Orgánica en el ámbito del Ministerio de Industria de la Provincia (autoridad de aplicación). La Comisión estará integrada por representantes del mencionado Ministerio, de otros organismos públicos, privados y de organizaciones no gubernamentales cuya actividad principal esté directamente relacionada con la producción, control o fiscalización de productos orgánicos. Tendrá por objeto el fomento, la producción, industrialización y comercialización de la producción orgánica en la Provincia.
Entre las funciones de la Comisión se mencionan: “Revelar las dificultades para el desarrollo de los sectores de producción orgánica; proponer políticas destinadas al fortalecimiento e incremento de la productividad y comercialización de productos orgánicos locales a nivel provincial y regional; plantear acciones tendientes a la capacitación y formación de productores; impulsar políticas y proyectos de promoción orgánica; acompañar y auxiliar emprendimientos innovadores, como así también, todos aquellos proyectos que involucren las nuevas generaciones de productores, entre otras.
Luego de escuchar al director de Gestión y Promoción Tecnológica, Marcelo Jacob y la directora de Programas Productivos, Yésica Hernández, funcionarios dependientes del Ministerio de Industria de la Provincia, los Parlamentarios emitieron un dictamen favorable del proyecto.
Así, continuaron con el análisis del resto de los asuntos en agenda, los que continuarán en próximos encuentros. El asunto N° 212/17 propone la creación de un cuerpo de guardaparques para la órbita fueguina. La función máxima que tendrá el cuerpo, será la de “control y custodia de las áreas naturales protegidas, creadas en el marco de la Ley provincial 272” y además, las que se creen en el futuro y de la asistencia en el cuidado del ambiente Provincial.
Entre los fundamentos, recuerda que “se ha considerado indispensable que todos los Estados asignen prioridad a la contratación, formación, equipamiento y bienestar de los guardaparques. Reconociendo como fundamental su accionar, ya que sin su presencia, las áreas protegidas difícilmente podrían cumplir su papel”.
Asimismo, sostiene que el ámbito de concreción de esta norma será la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, o el organismo público que la remplace, dependiente de la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad.
En tanto, el asunto 213/17 propone la modificación a la Ley Provincial N° 272, para crear un «Fondo para la Preservación y Conservación de las Áreas Naturales Protegidas Provinciales», que pretende integrarse por los montos que se fijen anualmente en el Presupuesto provincial; en Leyes especiales; los recursos provenientes de la aplicación de las Leyes provinciales 211 y 55; y toda otra ley que a futuro se puedan crear e involucren el sostenimiento o manejo de la biodiversidad de las áreas naturales protegidas.
El asunto Nº 581/17 fue ingresado por particulares en noviembre pasado, e impulsado por el bloque de la UCR – Cambiemos. El proyecto busca establecer “el marco que regula la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, excluyendo los envases de los productos o sustancias encuadrados en la Ley Provincial Nº 105 de residuos peligrosos”.
El proyecto fue presentado los ingenieros Roberto Jorge Mele y Javier Ricardo Iturralde, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Entre sus fundamentos, explican que se busca establecer los presupuestos mínimos para la eliminación de los residuos residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentre regulados por normas específicas, según sea el contenido del envase.
Los autores del proyecto resaltan como necesario y urgente el tratamiento del proyecto, principalmente por tres razones: El aumento en forma continua del tamaño de los rellenos sanitarios existentes en las ciudades de Ushuaia, Río Grande, Tolhuin, Puerto Almanza y los basurales informales generados en otros asentamientos urbanos y/o rurales; por la capacidad técnica, logística y organizacional de las empresas generadoras de residuos; por la responsabilidad social empresaria, para que las empresas e instituciones radicadas en la Provincia, sean responsables de los residuos que genere su actividad.
En su articulado, se propone crear la Comisión Estratégica para la Regulación de Residuos Sólidos Urbanos (CERRSU), como espacio interinstitucional y de vinculación público-privado para la adopción de tecnologías y procedimientos de reciclaje, transporte, tratamiento, disposición final, monitoreo y control estadístico de los residuos sólidos urbanos.
También, se establece que las empresas que operen en la Provincia no podrán arrojar, abandonar, conservar o transportar residuos sólidos urbanos, ni tratarlos con sistemas, tecnologías o procedimientos no autorizados expresamente por la CERRSU. Será responsabilidad de los generadores de residuos sólidos urbanos, limpiar y restaurar el medio ambiente afectado, en caso de corresponder.
De la reunión participaron los legisladores Federico Bilota, Marcela Gómez, Angelina Carrasco, Myriam Martínez, Daniel Harrington y Ricardo Romano (FPV – PJ); Mónica Urquiza y Cristina Boyadjian (MPF); Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos).
