La conferencia estuvo encabezada por el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, el ministro de Educación Diego Romero, la secretaria Legal y Técnica Dra. Gimena Vitali y el secretario de Gestión de Recursos Humanos Martín Solá.
El Ministro de Educación comenzó afirmando que “esta situación no va a desprestigiar la calidad educativa del IPES, sino que es una cuestión eminentemente legal. Nosotros no podemos justificar algo desde lo pedagógico y didáctico con las falencias administrativas porque las tres cosas deben ir de la mano”.
“Por esta causa es que decidimos abrir un sumario que no es un juicio que se hace alguien, sino que es la búsqueda de la verdad en relación a determinadas situaciones que se creen convenientes se investiguen en la administración de la institución” señaló el funcionario.
Romero aseguró que desde el Gobierno “hemos pensado mucho en qué marco íbamos a determinar la investigación del sumario. Por eso, y para que no sea conflictivo también dentro del ámbito institucional, se decidió separar solamente de las funciones administrativas a las autoridades”. Estas funciones administrativas “tienen que ver con las altas y bajas y firmas de declaraciones juradas de docentes” las que a partir de ahora “van a quedar a cargo de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio”.
“También les dije a los alumnos que se queden tranquilos, porque el clima y cultura institucional no va a ser interferida por esta cuestión. Seguramente van a encontrar auditorías y vamos a tratar de que no sea una invasión al normal funcionamiento de la casa de estudios” sostuvo el Ministro.
Por su parte, el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz recordó que “al asumir esta gestión encontramos un Estado desmadrado en todas sus áreas” y reconoció que “nos hubiera gustado avanzar muchos más rápido en el ordenamiento y generar más transparencia en los circuitos administrativos”.
“Llevar adelante un sistema como el SIGE nos tomó tiempo, pero los pasos que vamos dando son en sentido correcto. Podrán criticarnos que vamos lento, pero no que no lo estamos haciendo” manifestó el jefe de Gabinete.
“Nosotros pretendemos que los recursos de educación queden en educación, pero que sean distribuidos equitativamente entre las distintas instituciones educativas, porque de esta manera mejoraremos la situación de todos los docentes de la Provincia y la calidad de educación de los estudiantes”, finalizó Gorbacz.
En tanto, la Secretaria Legal y Técnica explicó que la denuncia penal radicada por el Ministro Romero “fue a sugerencia del Servicio Jurídico”.
“Ante irregularidades que puedan constituir delito, los funcionarios estamos obligados a denunciarlas penalmente y eso es lo que hicimos” puntualizó Vitali. En referencia al contenido de la denuncia, la Abogada detalló que “los delitos que entendemos que presuntamente podrían haberse cometido son defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica de instrumento público (falsificación de documentos públicos). Estos delitos tienen penas que van de uno a seis años, depende del delito, en tanto que el delito de defraudación a la administración pública prevé la inhabilitación permanente del funcionario o agente”.
Finalmente, el Secretario de Gestión de Recursos Humanos Martín Solá consideró que más allá de la situación que se da en el IPES “hay que destacar que somos una de las primeras provincias en informatizar todo el sistema administrativo docente” resaltando la importancia de la instrumentación del SIGE (Sistema Integral de Gestión Educativa) “que nación en respuesta de un requerimiento de mejorar su calidad administrativa. Con este sistema no habrá más demoras en las cargas, y los docentes podrán ver todo su historial laboral en línea”.
Solá advirtió que “aquí no estamos hablando de un conflicto entre el Gobierno contra una institución en particular, sino que estamos hablando de un conflicto contra la transparencia”.
