En un comunicado emitido por la Cancillería Argentina 053/18 fechado el día 16 de Febrero de 2018, se informa que “En el marco de las relaciones bilaterales y con el espíritu de proponer acciones positivas en temas de interés común, la Argentina y el Reino Unido han realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países a operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas”.
A partir de la llegada a la presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se evidencia una política que nos aleja del camino hacia la recuperación de nuestro ejercicio soberano en el Atlántico Sur, que se manifiesta en los acuerdos firmados el 13 de Septiembre de 2016 por la cancillería Argentina y Británica, donde el PEN promueve violar la Constitución Nacional y leyes vigentes que protegen a los argentinos de las explotaciones ilegales de hidrocarburos y pesca, facilitándoles cada vez más la usurpación.
Este nuevo avance en posibilitar vuelos desde terceros países, no es más que la exigencia del Gobierno Británico que le impone a la Argentina cumplir con lo acordado el 13 de Septiembre de 2016 (Acuerdo Foradori – Duncan) que textualmente expresa: “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación, e hidrocarburos”.
Este acuerdo que la Cancillería argentina quiso disfrazar como “comunicado de prensa”, implicó la consumación de una serie de inobservancias, sino vulneraciones flagrantes, a la Constitución Nacional, diversas Leyes Nacionales vigentes y ha sido rechazado por la mayoría de los bloques con representación parlamentaria. Desde la gestión de Susana Malcorra hasta el sucesor actual Jorge Faurie, no han dado explicaciones ante el Congreso Nacional quien tiene las atribuciones y la potestad de aprobar los acuerdos internacionales.
Al PEN no se le puede escapar el desarrollo de las prácticas ilegales que empresas extranjeras desarrollan en nuestra plataforma continental, con la anuencia de un Estado que ejerce una posesión ilegal, ilegítima y colonial sobre el territorio argentino que le genera miles de millones de divisas en detrimento de los intereses del pueblo Argentino. De esta forma, cualquier acto emanado de un funcionario que tienda a convalidar, saludar, autorizar o ser condescendiente con dichas prácticas resulta ilegal y arbitrario.
En la actualidad el enclave Malvinas es una unidad de negocios que permite al imperialismo concretar la ocupación y control total del Atlántico Sur, la población insertada a partir de la usurpación británica en 1833 son la mano de obra de la Falkland Islands Group quien mayoritariamente explota nuestras Islas Malvinas.
La política que está desarrollando el gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas, es similar a la recorrida en los años 90 que posibilitó al enclave neo-colonial-militar instalado en nuestras Islas Malvinas, desarrollar el potencial de auto sustentabilidad con nuestros bienes naturales. En una primera fase con recursos ictícolas, actualmente la segunda fase, explotación hidrocarburífera, planificando la tercera fase, que es la proyección sobre nuestro sector Antártico.
El Gobierno del Presidente Mauricio Macri denota ineludiblemente un alineamiento para favorecer la iniciativa británica e intereses de CEOS amigos con posibilidad logística de participar en negocios en el Atlántico Sur.
Es necesario consolidar políticas de estado en la cuestión Malvinas, el cambio de rumbo hacia caminos ya transitados nos llevara ineludiblemente a embargar el futuro de los argentinos.
