En la primera semana de enero, la primera del año, sumaron más de 2000 los despidos de asalariados registrados, tanto del sector público como del privado. Se trata de una escalada respecto de los datos de cesantías que se venían registrando en los últimos meses. De hecho, según un trabajo de la consultora Tendencias Económicas, esta cifra de despidos equivale prácticamente a todas las cesantías que se produjeron a lo largo del mes de diciembre, aunque algunos estudios, como el del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), calculan que en el mes pasado los despidos sumaron casi 3350.
En la lista de las cesantías hay de todo. En el caso de los del Estado, entre los que han perdido su trabajo se encuentran trabajadores de muchas dependencias, desde los que tienen por tarea la producción de pólvora, como es el caso de los contratados de la Fábrica Militar de Azul, hasta los que se dedican a la contención social, como los de la provincia de Jujuy, pasando por los productores periodísticos de Radio Nacional.
En el sector privado también hay disparidad. Aparecen los petroleros de Santa Cruz, que enfrentan los despidos en las firmas proveedoras de servicios a las grandes petroleras, trabajadores de las firmas que producen envases de aluminio y también de compañías de servicios.
El grueso de los 2000 despidos detectados en la primera semana del año se produjeron en cuatro municipios: Quilmes, con 500; Morón, con una cifra similar; 3 de Febrero, con 400; y Lanús, con 80. Todos ellos con Ejecutivos macristas.
En Quilmes, una movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) logró abrir una mesa de negociación con autoridades del municipio, las que aseguraron que los despidos formaban parte de la planta política, es decir, aquella que ocupa cargos de dirección y cambia con los gobiernos. Sin embargo, ATE denunció que se trata de trabajadores de hospitales y guarderías públicas, además de integrantes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, es decir, todas áreas sensibles por sus vínculos con la pobreza.
En el caso de Morón, el ajuste alcanza áreas importantes en el distrito como Desarrollo Infantil, Empleo, la Casa de Abrigo, Medio Ambiente, Higiene, Educación y Salud.
En 3 de Febrero, los despidos se dieron en áreas administrativas centrales y en dependencias periféricas, como la expedición de registros de conducir.
Además, se registraron 25 despidos en el sector de los recolectores de Mar del Plata, que los produjo la concesionaria del servicio, la firma Tecsan, luego que el municipio no le renovara el contrato de concesión y propusiera el traspaso de la actividad de recolección a la órbita estatal.
En el ámbito nacional, hubo 130 despidos en el Senasa; 24 en la Fábrica Militar de San Juan; 34 en las señales televisivas Paka Paka, Encuentro y DeporTV; 16 en Radio Nacional; 13 en el Ministerio de Trabajo y otros cuatro en la cartera de Agroindustria.
Los distintos gobiernos esbozan diferentes excusas para justificar estas cesantías, algunas de ellas contradictorias entre sí o con el cuadro más general de rebote económico que, se supone, debería generar empleo.
Voceros del gobierno nacional han señalado que ciertos despidos respondían a la finalización de los contratos que vinculaban al trabajador con el Estado. Lo mismo se ha dicho desde los municipios. Este argumento deja de lado un hecho concreto, como que, por regla general, los contratados son trabajadores sometidos al fraude laboral ya que arrastran esa condición de precariedad laboral desde los gobiernos kirchneristas a esta parte.
Los contratados también fueron el eje de la ola de despidos de los primeros meses de 2016, cuando arrancaba la administración de Mauricio Macri y unos 10 mil empleados estatales nacionales perdieron su trabajo.
Luego de esas cesantías y la posterior recuperación del empleo público en el transcurso de 2016 y 2017 –al punto de que la cantidad de trabajadores estatales nacionales supera en la actualidad a los que había en diciembre de 2015– el Ministerio de Modernización, el encargado de llevar adelante esta tarea, implementó diversos controles como el presentismo o la plantilla óptima. Algunos despidos se hacen en nombre de esas acciones.
Pero para Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, se trata de meras «excusas discursivas». Campos señaló que «es claro que estamos ante una ola de despidos en el sector público».
Respecto del presentismo, apuntó que se trata «de una extorsión por la cual el gobierno le compra sus derechos al trabajador estatal». Es que un empleado público sólo puede acceder al premio por presentismo si no se toma licencias (salvo las vacaciones anuales o los días por estudio). «Si pide licencia por enfermedad, por embarazo, por un familiar muerto, el empleado público pierde ese premio. Por eso es un error plantear que el presentismo apunta a verificar que los trabajadores realicen efectivamente su tarea».
Del mismo modo, las plantillas óptimas ocultan decisiones del gobierno respecto al desmantelamiento de áreas completas. «Es el caso de la TDA o Fabricaciones Militares. Si el Estado se retira de un área, ¿cuál es la plantilla óptima para la misma?», se preguntó. «La respuesta es cero».
Por esto es que ambas medidas fueron cuestionadas por los trabajadores públicos. Los referentes de ATE, uno de los dos sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales, aseguraron que se trataba de «simples excusas para justificar los despidos».
ATE realizó un paro nacional contra los despidos, que incluyó movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país, el jueves pasado. De acuerdo con los datos del CEPA, los despidos en el sector público sumaron casi 2000 en diciembre.
Un caso que pone de relieve la aleatoriedad de los despidos es lo sucedido en el Senasa. En ese ente estatal, que se encarga del control de la sanidad de la producción económica animal y vegetal, hubo cesantías en dependencias vinculadas con el control de plagas o de impulso de las investigaciones fitosanitarias. Los despidos golpearon tanto que en el sector privado manifestaron su preocupación ante el temor de que se paralizasen los controles, con lo que podría haber fuertes consecuencias en la exportación de frutas vinculadas a la producción regional. E incluso, advirtieron que el control de plagas estaba en riesgo.
En el sector privado, el grueso de los despidos de esta semana se dio entre los petroleros de Santa Cruz, en donde hay 210 puestos menos por la decisión de las compañías que prestan servicios a las petroleras y que aducen que ello es por la caída de la activida de YPF y Sinopec, la firma china cuyos activos en la Argentina fueron recientemente comprados por la firma que dirige el exjefe de YPF Miguel Galuccio. Los petroleros han comenzado un paro por tiempo indeterminado que ya está afectando la producción de hidrocarburos en esa provincia. En el gobierno nacional siguen con preocupación el tema. Por el efecto contagio. «
Cruces en la TV Pública
Los trabajadores de la TV Pública enrolados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresaron su rechazo a lo que consideraron «la extorsión y provocación de parte de la empresa y las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos». Según la Comisión Interna del SiPreBA, la conducción de la TV Pública apunta a «practicar un ajuste en el único canal de gestión estatal».
Tras los despidos en Radio Nacional, que actualmente son rechazados por sus trabajadores y que tras dos jornadas de pelea lograron revertir en dos casos, los empleados de la TV Pública observan con preocupación que las excusas discursivas se han ampliado con vistas a crear el ambiente que permita el ajuste, léase despidos.
Así, la CI del SiPreBA denunció que las autoridades del canal difundieron «el promedio de sueldos brutos de algunos trabajadores, un supuesto nivel de ausentismo, ‘privilegios’ y falsos niveles de aumento de planta del canal en los últimos 15 años». En ese sentido, agregaron que «esto no sólo constituye una provocación y un agravio para los trabajadores de la TV Pública que desde hace años defendemos su carácter plural y democrático frente a todas las gestiones y en distintos contextos, sino que es parte de una campaña de demonización de los trabajadores para legitimar un vaciamiento y un ajuste en los medios públicos que ya se inició con despidos en Radio Nacional, TDA, Encuentro, PakaPaka y Depor TV».
La conducción de la TV Pública señaló que quiere discutir salarios, convenios de trabajo y cantidad de empleados.
Claves
*La ola de despidos se da en todos los niveles del Estado, es decir, tanto entre los puestos en el sector nacional, como en el provincial y en el municipal.
*Es una continuidad de lo sucedido en diciembre, cuando se produjeron casi 2000 despidos en el sector público, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
*Un dato distintivo de los despidos conocidos esta semana es que afectan áreas sensibles, es decir, aquellas en relación con la asistencia social o la ayuda a los sectores más empobrecidos. En ese sentido, el análisis apunta a que se está en presencia del desmantelamiento de áreas enteras del accionar estatal.
*Visto desde esa perspectiva, pierde sentido la explicación oficial de que estas cesantías se deben a la aplicación de esquemas de control del presentismo o de las plantillas óptimas. Si una dependencia se desarma, como la TDA o Fabricaciones Militares, la plantilla óptima es cero.
*Los despidos en el sector privado son más leves, pero han generado fuerte rechazo. En Santa Cruz hay paro por tiempo indeterminado de petroleros en rechazo a 210 cesantías.
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