No hacemos futurología ni alarmismo. Nos basamos en los impactos negativos que tuvo la quita de aranceles a la fabricación de hardware informático a principios de este año, con pérdida de unos 5000 puestos de trabajo, y a escenarios similares vividos en la Provincia en la década de los 90.
Desde el Partido Espacio de Concertación Social (ECoS) hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte políticas que fortalezcan a las economías regionales en vez de debilitarlas, como ocurre en este caso.
La economía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur está cimentada sobre los pilares de la industria electrónica promocionada desde 1972, principal empleador con una nómina fija de 10.000 puestos de trabajo directos (eran 15.000 hasta 2015) lo que representa el 20 por ciento de la población económicamente activa, genera el 30 por ciento del producto bruto de la provincia, y es uno de los principales sectores contribuyentes del fisco local.
Las medidas adoptadas siguiendo lineamientos de los organismos económicos y financieros internacionales y su ejecución irrestricta, sin consideración hacia las economías regionales ya ha probado ser un factor generador de empobrecimiento de las poblaciones y de migración obligada desde provincias como la nuestra hacia los centros urbanos, acentuando el centralismo y rematando el federalismo.
Pedimos al Presidente Mauricio Macri que ordene a sus equipos revisar las reformas arancelarias anunciadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne porque hieren de muerte al Parque Industrial en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con las consiguientes consecuencias económicas, políticas y sociales que ponen en riesgo el orden público en la Provincia.
Esto sin mencionar que avizoramos una posible reducción de ingresos coparticipables, producto de una menor recaudación fiscal a nivel nacional y una baja de la recaudación interna devenida de la reducción de los IIBB.
Llamamos a la Gobernadora, Rosana Bertone a encabezar este reclamo convocando para ello a los senadores y diputados por Tierra del Fuego con mandato presente y futuro, a los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, a los legisladores provinciales y a los referentes sindicales de la UOM para disuadir a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional de implementar las medidas que atentan contra la paz social en la Provincia y al Congreso Nacional para que no las haga efectivas en caso de avanzar el tratamiento del proyecto de Ley.
