Dicen que no hay que cantar victoria antes de tiempo. Pero en los pasillos del Conurbano ya tienen preparado el cotillón. No falta la matraca, los globos y la corneta. Todos están listos para el brindis final. Acá no importa el color político. Están los que demuestran su alegría y los que prefieren celebrar en silencio para no agrandar al oficialismo. Eso sí, el escenario es uno: si la Corte Suprema le hace caso a la demanda realizada por la gobernadora María Eugenia Vidal y dispone la eliminación del tope de 650 millones de pesos que rige para el Fondo del Conurbano, los municipios recibirán una de esas lluvias de pesos a la que nadie podrá decirle que no.
Pero las lluvias son así: no ocurren todas al mismo tiempo. Y ante la posibilidad de que cambie el rumbo del dinero que se recauda por ganancias, los gobernadores del país ya echaron la bronca para dejar bien en claro que no están dispuestos a ceder un solo peso. El reclamo es unánime. Y tampoco tiene raíz partidaria. Su pedido es claro. Si a Buenos Aires le falta plata, que el aporte lo haga la Nación y no las provincias.
No se trata de la única pelea. En la misma línea de disputa los gobernadores sostienen que Vidal hizo mal en judicializar la cuestión ya que se trata de un tema político que, en caso de debatirse, debería hacerse en el Congreso.
¿Pero de qué hablamos cuando hablamos del Fondo del Conurbano? El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano nació en 1992 a través de la Ley 24.073 y se decidió financiarlo con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. En 1996 se promulgó otra ley por la cual 650 millones de pesos van para Buenos Aires para la realización de obras de infraestructura en el territorio. El excedente va para el resto de las provincias.
¿El problema? Desde entonces, la inflación y la devaluación modificaron los ingresos pero el tope se mantuvo en el mismo lugar. Por situar un ejemplo actual, en 2017 se recaudaron 53 mil millones de pesos y sólo 650 millones fueron para la Provincia. Lo que equivale al 1.3 por ciento del total. Un número que en 2018, a juzgar por las variables económicas, y en proyección, pasará a ser del 1 por ciento. Un total que está por abajo del 10 por ciento de lo que reciben provincias como Córdoba.
Para Javier Varani, docente y consultor en asuntos municipales, «las provincias no sólo reciben de la Nación el dinero proveniente de coparticipación sino que también reciben otro tipo de transferencias, como el fondo sojero o los aportes del tesoro de la Nación. Además, hay transferencias discrecionales». Y agrega que «lo más importante es que los constituyentes de la Constitución reformada en 1994 determinaron que había que volver a sancionar una ley de coparticipación federal de impuesto y les puso un plazo que venció en el año 96. Por lo que ya hay mucho tiempo de atraso en lo que es la verdadera solución: sancionar con acuerdo de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires una nueva ley de coparticipación. Este es el punto de partida para un nuevo régimen fiscal entre las provincias y el Estado nacional».
La gobernadora no titubeó y en agosto presentó una demanda en la Corte Suprema contra el Estado nacional para intentar recuperar la plata perdida en los últimos años. Busca conseguir una suma superior a los 300 mil millones de pesos que la Provincia no cobró entre 2011 y 2015. Una apuesta arriesgada que la lleva a tener el aval público o privado de los intendentes de turno, pero que la pone en la mira de los gobernadores. Una puja que la llevaría a la exposición nacional. «Si la plata se reparte como corresponde, está claro que nos va a favorecer a todos. Pero no sería nada raro que sólo se utilice en los municipios afines. Es una forma de seguir captando electores e intendentes tibios», aseguro un jefe municipal que responde a Cristina. Y agrega que «está claro que Vidal está jugando para 2019. Quiere ser candidata presidencial y se está haciendo el terreno».
Desde Cambiemos no piensan igual. Para Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia, es más simple. «Vidal es la primera gobernadora que se planta y lleva ante la Corte Suprema una lucha que afecta a los 16 millones de bonaerenses que están siendo discriminados».
Pese a que aún no está definido dónde se usarían esos fondos, en el Gobierno provincial ya empiezan a fantasear con la posibilidad de colocar ese dinero en la construcción de hospitales y escuelas, además de obras de cloacas, agua potable y vialidad. Para Gustavo Posse, intendente de San Isidro, «Vidal va a realizar una reparación justa para con los municipios. Es uno de los caminos más importantes rumbo a la autonomía de los municipios a través de la descentralización de fondos».
Sobre por qué esto no se realizó con anterioridad, el jefe municipal asegura que «la oposición no cree en las autonomías. Es una matriz del PJ bonaerense. Para ellos tiene que haber sólo cohesión. La idea siempre es ‘ayudamos a los nuestros y los demás que subsistan’. Nuestra matriz no discrimina. Lo que hace Vidal es harto justo».
Pero los gobernadores no opinan lo mismo. Y hace dos semanas se mostraron todos unidos para solicitarle a la Corte Suprema que se los escuche, algo que empezó a suceder en tandas (ver recuadro) para que se pueda dar el debate necesario. En un comunicado firmado por todos subrayaron «que la pretensión de la provincia de Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios». Además, ratificaron «la permanente predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas».
En la misma línea, el gobernador de Córdoba manifestó en su momento que «lo que no se dice es que si bien Buenos Aires dejó de recibir el Fondo del Conurbano junto con Capital Federal, reciben más 80 mil millones de pesos en subsidios anuales. Esos fondos también se deben incluir en la masa coparticipable». Mientras que Gustavo Bordet, de Entre Ríos, aseguro que «no hay que olvidarse que en enero de 2016 se aumentaron 360% los recursos coparticipables para ellos (la provincia y la Ciudad de Buenos Aires), y a las provincias se viene aumentando nada más que un tres por ciento cada año».
Un funcionario de Vidal pide reserva a la hora de devolver la pelota. «Somos el 40 por ciento del país y no recibimos plata ni para poder hacer una obra cualquiera. El 97 por ciento del presupuesto con el que hoy cuenta la educación de la Provincia se va en sueldos. Así no se puede hacer ni una escuela. En su momento, Eduardo Duhalde no quiso avanzar porque después quería ser presidente y Menem lo cagó. Lo mismo que le pasó a Scioli, que nunca pudo hacer nada porque también quería irse para arriba, pero nunca le dieron bola. María Eugenia no piensa en eso, quiere gobernar para la provincia y hacer justicia por los bonaerenses».
La pelea por el Fondo no termina y parece cada vez sumar más capítulos. Los gobernadores no están dispuestos a ceder. Y en caso de perder la batalla, podrían haber distintos tipos de heridos.
A poco menos de un mes para las elecciones legislativas del 22 de octubre, las miradas están puestas en la Corte Suprema, quien deberá resolver con la seguridad de que, sancione lo que sancione, dejará al descubierto diferencias aún no expuestas.
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