Tal sentencia enuncia, en cabeza del máximo tribunal la decisión de dilapidar el doloroso y necesario recorrido histórico que llevó adelante el pueblo argentino desde la recuperación democrática en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, respecto de los delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Esta sentencia se dicta en un contexto de horadación de las bases de la continuidad democrática sostenida desde el último golpe militar, que no puede ser soslayado. Dos de los jueces firmantes (Rosatti y Rosenkrantz) fueron designados por decreto arbitrario del presidente Macri, decisión ratificada por la Cámara de Senadores que contó con el voto positivo de los tres Senadores de la Provincia de Tierra del Fuego (Julio Catalán Magni, José “Nato” Ojeda y Miriam Boyadjian). Ese mismo presidente se ha ocupado de posicionarse en contra de la política de derechos humanos, refiriéndose a su defensa como un “curro”, y se ha unido al negacionismo histórico en palabras de sus funcionarios a la vez que ha eludido su participación como querellante en las causas que lo requieren.
Por otro lado, la decisión de la Corte respecto del caso de Muiña implica una situación legal difícil de explicar ya que cuando cometió los delitos que se le imputan, la ley del “2×1” no existía, y cuando fue condenado, la ley ya estaba derogada. Sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que cuando se cometen desapariciones forzadas de personas, se está frente a un delito que “se sigue cometiendo mientras la persona o el cuerpo no aparezca”. Una vez más esta Corte Suprema desoye a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La gravedad de este suceso abre la puerta para que la impunidad se transforme en una situación común y genere las posibilidades de la concreción de una “amnistía” general para los genocidas. Aun así, hay una realidad que no puede ser negada, los delitos de lesa humanidad no prescriben, son permanentes, y a esa conclusión llegó la corte hace ya 7 años.
Sorprendidos, tristes, dolidos y avergonzados, seguiremos acompañando las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, con la convicción de que estos pilares son imprescindibles para la construcción de una Nación democrática.
Negarnos ese derecho es negar la dignidad de nuestras vidas.
