Se trata de Walter Ariel Aguirre, quien revistó como auxiliar administrativo docente en el colegio José María Sobral, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, entre octubre de 2012 y febrero de 2014.
El ciudadano deberá someterse a diversas reglas de conducta por el término que dure la condena, dispuesta por el Tribunal de Juicio en lo Criminal, tales como comunicar al Tribunal de Ejecución todo cambio de residencia que efectuare y someterse al cuidado del Patronato, además de abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.
El fallo del Tribunal se dio mediante omisión de debate propuesto por el Ministerio Público Fiscal y, aceptada por el Defensor Doctor Gustavo Ariznabarreta y por el propio imputado en audiencia llevada a cabo a tales fines.
Los magistrados consideraron que con los elementos reunidos durante la etapa instructora, resultaba innecesaria la realización del debate, hallando adecuado, para el hipotético caso de recaer condena, el límite máximo de pena estimado por el Fiscal Massimi, de dos años de prisión e inhabilitación perpetua.
La causa se inició mediante una denuncia realizada ante la Fiscalía, por la responsable de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Provincia, luego de haberse detectado el engaño en que incurrió Aguirre mediante la presentación de un documento inventado, cuyos signos de autenticidad le permitieron acceder a un escalafón determinado, cobrando indebidamente su remuneración.
Según la denunciante, el imputado había presentado un título de Bachiller – Modalidad a distancia, supuestamente extendido por el Instituto San Pedro Apóstol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco de las verificaciones rutinarias de los legajos personales de los agentes públicos llevados a cabo por esa dependencia provincial, se advirtieron irregularidades en la documentación presentada por Aguirre. Ante tal situación se activaron los mecanismos tendientes a corroborar el carácter apócrifo o no del título en cuestión, a cuyo fin debieron librarse las consultas al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al representante legal del mencionado instituto educativo.
Desde CABA ratificaron el carácter apócrifo de la copia del título, y desde la Institución educativa afirmaron la falsedad del documento presentado, y se especificó que el formato de la impresión no era el utilizado; y que ni el plan de estudios ni el título eran los que dicho Instituto otorgaba. Tampoco se correspondían los sellos usados, ni las autoridades firmantes.
Para la investigación resultó revelador el testimonio prestado por la Subsecretaria de la Dirección de Recursos Humanos quien relató que luego de un denuncia anónima vinculada a una presentación efectuada por un agente estatal de un título secundario apócrifo, es que se dejó en la oficina un ejemplar de dicho título colgado en la pared, para alertar a los empleados sobre una situación similar, tras lo cual pudo recién advertirse en el caso, que el titulo presentado por Aguirre pertenecía a idéntica institución educativa, activando así el proceso de constataciones referidas.
Por otra parte, se menciona que en las declaraciones que se le tomó a una funcionaria del Departamento de Títulos y Certificaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Educación aclaró que el personal del Área de Recursos Humanos pudo no advertir las irregularidades a simple vista, puesto que en este caso el formato del certificado presentaba firmas y sellos que no llamaban la atención.
Por todo ello surge, que de no haber mediado circunstancias externas que hicieran advertir sobre la posible presentación de títulos apócrifos por parte de postulantes, el documento presentado por Aguirre para ingresar al escalafón docente hubiera pasado inadvertido.
En el fallo se destaca la declaración testimonial del Director General de Recursos Humanos de la provincia, quien refirió que si bien para ingresar a la administración pública no es requisito indispensable el título secundario, si lo es para la incorporación al escalafón docente, demostrándose con ello el conocimiento y ánimo de lucro en Aguirre quien se valió de tal presentación con la finalidad de acceder a dicha categoría y percibir indebidamente una remuneración por ello.
