En este sentido, la presidenta de la Comisión 5, Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos), explicó que el objetivo de la reunión, era plantear las dificultades que surgen a quienes se asisten a través de la obra social (OSTDF).
La Parlamentaria señaló que, el encuentro sirvió para que se detallen las problemáticas que tiene “la implementación de la nueva obra social”, y generar “respuestas a las situaciones adversas que se presentan a diario”.
Además resaltó la buena predisposición de las autoridades de la institución para “resolver los problemas que tienen las personas con discapacidad” Y citó el cobro de un adicional “que se abona a la obra social. En el caso de personas con discapacidad no corresponde ya que la Ley 24.901, les otorga una cobertura total”, señaló a Prensa Legislativa. Evaluó que será una cuestión a resolver por “la Presidenta de OSTDF”.
Martínez Allende agradeció la presencia del delegado de la Superintendencia de Salud de la Nación, Juan Pablo Stolowich. “Fue invitado para abordar la problemática que presentan personas con discapacidad que no cuentan con la obra social de la Provincia”, detalló.
Por su parte, la legisladora Mónica Urquiza (MPF), reflexionó sobre los “reclamos” emanados desde sectores beneficiarios de pensiones RUPE y discapacitados, respecto del funcionamiento de la obra social de la Provincia. “Lamentamos que no haya estado presente ninguna autoridad del Poder Ejecutivo” dijo, al momento de destacar la participación de Margarita Gallardo y directores por los activos y pasivos.
Urquiza, lamentó la ausencia del Secretario de Discapacidad, quien asumió el cargo hace pocos meses. “Incluso, no hemos tenido el placer de recibirlo en la Comisión”, que atiende cuestiones de discapacidad.
En este sentido, la referente mopofista señaló a Prensa Legislativa que “entendemos que el principal responsable de la prestación del servicio de salud, a los beneficiarios RUPE, es el Ejecutivo provincial” y apuntó a las prescripciones de la Ley provincial 389 – Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
Así, aclaró que la obra social es “un intermediario” entre los beneficiarios y la prestación de los servicios. “Por eso se le factura al Gobierno provincial”, dijo.
En otro orden, la titular de la bancada del MPF, señaló que “ayer tuvimos que asistir a las discusiones de siempre entre la Presidencia de la obra social y los directores”. Lamentó que, en medio de los debates, “queden las personas con discapacidad y no les podemos dar soluciones”, sostuvo.
A modo de ejemplo, Urquiza citó el debate por el coseguro “que tienen que abonar las personas para ser atendidas en un efector privado”, que en teoría –dijo-, la obra social no reintegra. “El Ejecutivo, tiene una deuda del año pasado de 36 millones de pesos”, situación confirmada desde la Presidencia de la institución asistencial.
La Legisladora recordó que, desde su bancada, “el año pasado consultábamos” sobre la deuda y manifestaron que “el Ejecutivo devolvió todas las cajas” con las documentaciones, ya que existían “diferencias de criterios” en la gestión de las rendiciones.
Adelantó que su bancada, solicitará a la presidenta de la Comisión 5, legisladora Liliana Martínez Allende, “una reunión con los funcionarios del Ejecutivo”, en la búsqueda de aportar claridad a esta situación, cerró.
Del encuentro participaron los legisladores: Ricardo Furlan, Marcela Gómez, Ricardo Romano (FPV-PJ); Mónica Urquiza y Cristina Boyadjian (MPF) y Oscar Rubinos (UCR-Cambiemos), junto a la presidente, Liliana Martínez Allende.
