El abogado patrocinante de la Profesora Gabriela Castillo, dio detalles sobre la situación de la Secretaria de Desarrollo Social, del Municipio de Rio Grande en el marco del sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Educación de la Provincia sobre supuesto cobro de haberes que no correspondían.
Al respecto señaló que no tienen ninguna información sobre denuncias realizadas por ningún funcionario publico contra su cliente y que harán una auto denuncia en cuanto se conozca alguna denuncia o de parte de los medios y se pondrán a disposición de la justicia en manos del Fiscal Mayor interviniente.
«Lo que ha habido, si es cierto, es un descargo administrativo por parte de Castillo, agregó, como parte de un sumario administrativo que ha iniciado el Ministerio de Educación y no mas que eso».
Según el abogado Gabriela Castillo devolvió el dinero que se le reclamaba como salarios mal percibidos pero nunca hubo una presentación formal, de constitución en mora por parte del Ministerio de Educación. Cuando Castillo comienzo su tarea en la función publica como secretaria de asuntos sociales, con antelación a la toma del cargo presento una nota con todos los lineamientos facticos y jurídicos informando que tenia un nuevo cargo y tenia que licenciar por tener un cargo de mayor jerarquía como lo establece el procedimiento administrativo, de ahí en mas cualquier situación que se haya suscitado en la administración publica no es imputable a la profesora Gabriela Castillo bajo ningún punto de vista».
Según Fernandez, antes de asumir informo debidamente que se licenciaba y solicitó que se le de el cargo por mayor gerarquia y que al momento de ocurrir esto, a Castillo se le adeudaban horas cátedra que debían ser liquidadas por la administración publica. Lo que ocurrió es que se liquidaron haberes con posterioridad, sin informar a que correspondía y después nos encontramos con un sumario administrativo y una barbaridad absoluta como es el pedido de exoneración con el argumento de haber perjudicado al erario publico, esto no es cierto bajo ningún punto de vista, me parece desproporcionado, incongruente e ilegitimo el pedido de exoneración y estimamos que van a rever esta situación porque queda demostrado la buena fe de Gabriela Castillo y no mala intención y consigno el pago ante el gobierno de la provincia por las sumas que le fueran indicadas no como intimación dentro de un proceso administrativo, pero si a los efectos del descargo», finalizó.
