Argentina volvió a ser protagonista de un cable diplomático de Estados Unidos difundido por el sitio web Wikileaks, esta vez sobre un tema genérico y recurrente: la corrupción, que consideraron generalizada en el país, y sin voluntad de resolverla por parte de la clase dirigente.
El texto del Departamento de Estado destaca con desagrado la renuncia del ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, en marzo 2009, cuando se excusó en la imposibilidad de cumplir con sus tareas.
«Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción», entendió la Embajada.
Un informe enviado a Alberto. R. Gonzáles, entonces Fiscal General de EE. UU., poco antes de su viaje a Buenos Aires, resulta lapidario: «La corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política».
La diplomacia de Estados Unidos se sorprende de que la oficina anticorrupción se haya centrado en investigar los casos ocurridos de las gestiones de Menem y De Rúa y “apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner».
El escrito también hace alusión a las falencias en el poder judicial: “La mayoría de las causas que llegan a los tribunales terminan extinguiéndose ya que los procesos se eternizan una media de 14 años, según el Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos”, cita.
“Solo 15 de cada 750 terminan en el procesamiento de los denunciados. Casi todo está bajo sospecha en los cables de la embajada: desde el vértice del Estado hasta el funcionario”, concluye.
El ex ombudsman, Eduardo Mondino, aparece confesando al embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre «la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país».
Mondino, explica la diplomacia, trataba de determinar si se trataba de soborno o de malversación, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo «delicado» del asunto.
Un cable atacó directamente al ministro de Planificación, Julio De Vido, al involucrarlo en un caso de cohecho. Cuenta que el consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero.
«De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno», explica el cable, con dejo de indignación,
El informe apela a otra anécdota y a una percepción del jefe del bloque de diputados del Pro para fundamentar la tesis de que en Argentina la corrupción es endémica y persiste al amparo del poder de turno.
“Un banquero español escuchó una y otra vez en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía contactar con el denominado «grupo K» para solucionar sus problemas. La conclusión del diputado conservador Federico Pinedo fue que las relaciones con Néstor Kirchner «son más importantes que las instituciones».
