Sarghini se refirió puntualmente a aspectos técnicos de esta iniciativa, obra de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Pero sus dichos buscan marcar, también, un límite en la relación entre los legisladores de su bloque, el Peronista Federal, y los que responden al Gobierno.
En ese sentido, el ex ministro de Economía bonaerense señaló: «Tenemos que ser consecuentes con nuestros votantes y éste es el rol que nos toca en esta etapa. Tenemos que actuar libremente a la hora de analizar un proyecto en el Congreso», explicó.
Entre los duhaldistas, las opiniones están divididas. Como Sarghini, Eduardo Camaño, Francisco de Narváez y Juan José Alvarez son los más reacios a acompañar este polémico proyecto de ley. En cambio, Alfredo Atanasof y Jorge Landau se aliarían con el Frente para la Victoria.
Lo mismo, el sindicalista Luis Barrionuevo, quien ayer se apuró en aclarar que «esto no significará que hoy exista un acercamiento con el gobierno del presidente Néstor Kirchner».
El oficialismo necesita 129 votos afirmativos para darle a su iniciativa la media sanción que le falta. Si prospera, el Consejo de la Magistratura —órgano que selecciona a los jueces y analiza su conducta— se reduciría de 20 miembros a 13. Y, sobre todo, quedaría hegemonizado por los políticos —en detrimento de abogados y magistrados— y el oficialismo ganaría allí un importante poder de veto.
El diputado kirchnerista Juan Manuel Urtubey ayer defendió la reforma. Argumentó que, así, el cuerpo «tendrá más agilidad y será más representativo». Y agregó: «En Argentina se puso de moda que el Estado no pudiera meterse en cuestiones de Justicia, pero en todos los países del mundo los jueces son designados por el poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado».
Otros kirchneristas, como Oscar Massei y Rafael Bielsa —a juzgar por lo que lleva escrito sobre la materia—, votarían en contra.
Una de las principales opositoras a la reforma, la diputada Elisa Carrió (ARI) advirtió que una eventual victoria del Gobierno en este plano sería «a lo Pirro», porque «pierde la República y, a partir de ahora, toda irregularidad en la Justicia le va a ser imputada directamente al Presidente».
